Si no hay más atentados islamistas como el de las Ramblas es porque Dios no quiere

Un documentado reportaje publicado en El Español, demuestra que el Estado  mantiene con ayudas sociales a terroristas islámicos. El control de los inmigrantes ilegales empieza a tener tantos agujeros como un queso de Gruyére. Si no hay más atentados como el de las Ramblas es porque Dios no quiere. Pero cuando un partido, como Vox, pide soluciones, los demás le callan la boca.

Sin saberlo, los españoles estamos manteniendo con nuestro dinero a terroristas islamistas, a través de ayudas sociales destinadas a personas en riesgo de exclusión social. ¿Cómo? Se aprovechan de mecanismos existentes en las Comunidades Autónomas para ese tipo de personas necesitadas.

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Por ejemplo, de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), del País Vasco. El periodista Gonzalo Araluce recopila en El Español varios casos de yihadistas que han sido mantenidos por el Estado, con pensiones de 900 euros mensuales.

Y mientras succionaban maná (esto es, su bolsillo, querido lector), repartían propaganda terrorista, captaban a nuevos yihadistas o incluso combatían en Siria bajo la bandera de Al Qaeda.

Es el caso de Redouan Bensbih que siguió cobrando las ayudas aún después de muerto. Marroquí afincado en Vizcaya, murió en Siria, en 2014, como combatiente de Al Qaeda. Un amigo siguió retirando el dinero de la Renta de Garantía de Ingresos desde un cajero automático.

O el del argelino residente en Bilbao Ahmed Bouguerba, detenido por la Ertzaintza en 2015. Se temía que fuera a cometer un atentado.  De ahí su condena a tres años y medio de prisión. Vivía del Estado: cobraba 625 euros de la Renta de Garantía de Ingresos, y otros 250 para el alquiler de una vivienda. Cinco años a costa del contribuyente español.

Incluso hubo uno que utilizaba el boxeo como tapadera para sus actividades de adoctrinamiento yihadista. Mehdi Kacem, marroquí afincado en San Sebastián, aspiraba al título de campeón de Guipúzcoa, pero aprovechó su ascendiente como púgil para atraer a otros jóvenes a la causa yihadista. Fue detenido por la Policía Nacional. También él vivía del cuento: cobraba 625 euros del RGI y un suplemento de 250 euros para el alquiler.

La inquietante revelación demuestra que la seguridad de los españoles no está ni mucho menos garantizada ante la amenaza yihadista. Si no hay más atentados como el de las Ramblas de Barcelona es porque Dios no quiere. Es verdad que la culpa de que estemos manteniendo a ‘killers’ no es el del sistema (las ayudas para los excluidos) sino de quienes se aprovechan del mismo.

Ni las autoridades actuales, ni los partidos de la oposición, se han planteado con seriedad un estudio a fondo de la cuestión, ni medidas efectivas para tapar la peligrosa vía de agua.

Y cuando ha llegado uno que ha tenido el valor de dar la voz de alarma y de proponer soluciones, el Gobierno, los partidos y distintos medios de comunicación lo han puesto de vuelta y media tachándolo de xenófobo, racista, e inconstitucional. Algunos, muy finos, tratan de callarle la boca así: «’España primero’ se conecta como lema con el rechazo —próximo a la xenofobia— de los inmigrantes, siguiendo así el guion del «trumpismo»; otros, menos considerados, lo hacen así: “Vox se recrea en los miedos —la inmigración, la media luna musulmana— (…) de forma que Vox se instala en un discurso onanista y antiilustrado cuya inercia sintoniza con la xenofobia excluyente de Salvini”.

El buenismo oficial sigue insistiendo en el mito de que los inmigrantes musulmanes no se aprovechan de las ayudas del Estado en detrimento de los españoles. Pero la realidad es muy distinta, como explicó César Vidal en un artículo de título elocuente, ‘El cuco se apodera del nido’, en el que demostraba, con datos, que muchos españoles con hijos a cargo y en el paro deben sobrevivir al mes con 426 euros del programa Prepara del Gobierno, mientras los inmigrantes extranjeros, sobre todo los musulmanes, se aprovechan de una infinidad de ayudas y beneficios.

No es menos cierto que la inmensa mayoría de los musulmanes son gente pacífica y normal que sólo pretende sacar a su familia adelante. Y como otros muchos inmigrantes son savia joven, necesaria para un país envejecido como el nuestro. La cuestión no es esa. Sino la ausencia de controles ante el agujero de los ilegales. La cuestión es el avestrucismo de unos gobernantes que no quieren lanzar mensajes políticamente incorrectos. Aunque su inacción ponga en peligro la seguridad de los ciudadanos.

Contra lo que predica el buenismo de Pedro Sánchez y las “encíclicas” de El País, la inmigración ilegal es un problema grave, y no precisamente un cuento para asustar a los niños, como lo demuestra que Vox lograra el 30% de votos en El Ejido. Un problema que, como apostilla Francisco José Contreras, afecta, por cierto, “a los barrios obreros, no a las urbanizaciones de lujo de Galapagar”.

por Alfonso Basallo.

Periodista y escritor. Doctor en Comunicación, ha trabajado, entre otros medios, en El Mundo e Intereconomía, ha dirigido el semanario Época; y fundado y dirigido el diario digital Actuall.com. Ha publicado varios libros sobre historia, terrorismo y cine. Coautor junto con su mujer, Teresa Díez, de dos bestseller sobre el matrimonio: Pijama para dos y Manzana para dos.