La Unión Europea no es democrática

Hace escasas semanas, la sucursal de la UE en España difundió un vídeo en el que diversas personalidades del mundo de la cultura nos conminan a participar en las elecciones europeas, que se celebrarán el próximo 26 de mayo. La pieza, carente del más elemental sentido estético e impregnada de un indisimulable hedor propagandístico, regurgita las archiconocidas consignas sistémicas: que el voto es la mayor arma del ciudadano; que quien no vota no se puede quejar; o que hemos de votar para tomar las riendas de nuestro futuro. Un presunto humorista llega incluso a señalar que, si no existiese el Parlamento Europeo, ‘estaríamos por las calles como chimpancés contra bonobos’.

A pesar de todo, el vídeo, al que acaso deberían haber premiado con un Goya, se nos antoja muy revelador. Muestra, en fin, la desesperación de las élites bruselenses, quienes, tras décadas de esfuerzos ímprobos y de adoctrinamiento incesante, no han logrado que el europeo común perciba el parlamento comunitario como un hogar, como una institución que tiene en consideración sus desvelos, esperanzas y miedos. Al contrario, la mayor parte de los europeos consideran que los europarlamentarios se enriquecen a sus expensas, como parásitos en un organismo cualquiera.

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Este desapego es fácilmente comprobable; basta con echar un vistazo, por ejemplo, a los datos de participación en los últimos comicios europeos. En España, sólo un 42% de las personas con derecho a voto introdujo su papeleta en la urna.

Estrechar la unión

Quizá las causas del desapego radiquen en la extendida convicción de que el Parlamento Europeo es una institución completamente inútil. El ser humano sólo se involucra, por lo general, en aquello que lo enriquece. Del mismo modo que no le pediríamos a un padre de familia que se desviviese por un trabajo que no le brinda fruto alguno (ni espiritual ni material), no le podemos exigir al europeo común que deposite sus esperanzas en una institución incapaz de satisfacerlas.

Y es que, por desgracia, el Parlamento Europeo no representa a los distintos pueblos del Viejo Continente; es rehén, en cambio, de los designios de la Comisión, que orienta todas sus acciones a un solo propósito: constituir una unión cada vez más estrecha (‘ever closer union’), una estructura supranacional en la que los Estados miembros se vayan disolviendo progresivamente. Es indiferente, en este sentido, que los europeos se opongan al proyecto; éste debe consumarse a toda costa, pues ha sido establecido por unas élites que creen conocer mejor que nadie lo que conviene al hombre corriente.

Recordemos, por ejemplo, los plebiscitos nacionales que se celebraron para aprobar la Constitución Europea. Los ciudadanos franceses y holandeses votaron mayoritariamente en contra, pero su elección no sirvió de nada. Lo esencial de aquel defenestrado proyecto constitucional fue incluido unos pocos años más tarde en el Tratado de Lisboa. Ni siquiera la democracia, a la que la UE rinde diaria pleitesía, podía obstaculizar la consumación del plan.

Desoyendo a los pueblos europeos cuando lo ha estimado necesario, la Comisión ha exhibido una hiperactividad legislativa verdaderamente estremecedora. El acervo comunitario, no en vano, roza ya las 200.000 páginas de extensión y regula el territorio europeo como si fuese un conjunto homogéneo, obviando las diferencias existentes entre los diversos países miembros.

Subsidiariedad

De acuerdo con algunos ‘expertos’, el principio de subsidiariedad que rige la actuación de la UE garantiza que la voz de los Estados – y, por ende, de los pueblos – sea escuchada. El problema, sin embargo, es que la burocracia bruselense ha alterado el significado primigenio de ‘subsidiariedad’. Desarrollado por la Iglesia católica en los albores del S.XX, ese principio trataba de impedir que las grandes instituciones hiciesen lo que podían hacer las pequeñas; esto es, procuraba que el Estado no asumiese aquellas funciones que podían asumir las familias o, en otro ámbito, que las grandes corporaciones no acometiesen las labores que podían acometer las pequeñas agrupaciones empresariales.

Tras este principio subyacía, claro, una determinada concepción del poder: son las familias, las pequeñas asociaciones humanas, las que consienten – siquiera tácitamente – la existencia y el ejercicio del poder político, y no al revés. Se trata de una concepción absolutamente opuesta a aquélla sobre la que se asienta la subsidiariedad presente en los tratados de la Unión Europea. Así, de acuerdo con éstos, es la organización supranacional la que determina qué materias pueden regular los Estados y cuáles no; o, si lo traducimos a la lógica ya expuesta, es la institución grande la que decide en qué circunstancias puede actuar la pequeña.

Quizá la instauración de una verdadera subsidiariedad achicaría el abismo que hoy media entre los pueblos europeos y las élites comunitarias. Pero tal instauración nunca se producirá, pues, de producirse, pondría en riesgo el plan que los burócratas han urdido para nosotros. Y ésa no es una opción.