Indignación y caos en la Policía Nacional y Guardia Civil por la oleada de inmigración ilegal

El pasado 17 de diciembre de 2018, la Guardia Civil llevaba a cabo la desarticulación de una red que introdujo a un total de 600 inmigrantes ilegales desde Marruecos a España durante el año pasado. A lo largo de la operación, conocida como Pocari, se efectuaron registros en Cádiz, Málaga, Murcia y Palma de Mallorca, y se detuvieron a los siete supuestos responsables de nacionalidad marroquí.

Según informó la Dirección General de la Guardia Civil a través de su nota de prensa, dicha organización delictiva funcionaba como «agencia de viajes» ya que ofrecía la recepción en la costa, el traslado a pisos francos en vehículos y el desplazamiento a zonas de elección, principalmente Cataluña y País Vasco. La organización trabajaba siempre con inmigrantes marroquíes, procedentes en su mayoría de la zona de Larache, y pagaban un mínimo de 2.500 euros antes de emprender la travesía.

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Sospechoso detenido durante el operativo de la Guardia Civil – Fuente: GC

Por otro lado, esta misma semana, la Policía Nacional desarticulaba en Almería a una red dedicada a introducir inmigrantes en patera en las costas españolas. Durante el operativo fueron detenidas un total de ocho personas, entre ellas los máximos responsables de la organización en España, ingresando tres de ellos en prisión preventiva. La red se encargaba de la captación y alojamiento de los inmigrantes, del cobro de la tarifa así como de la obtención de las embarcaciones y pilotos, aprovechando además la salida de embarcaciones desde Marruecos para el tráfico de sustancias estupefacientes.

Según los investigadores, los arrestados cobraban unos 2000 euros por persona obteniendo un beneficio económico de unos 25.000 euros por patera, siendo los presuntos responsables de la llegada de más de 500 inmigrantes desde el pasado mes de agosto a las costas andaluzas de Cádiz y Almería.

Sospechoso detenido durante el operativo de Policía Nacional – Fuente: PN

Ambos operativos recientes no evidencian únicamente la capacidad de nuestros agentes para erradicar el tráfico ilegal de inmigrantes, si no que también pone de manifiesto que cuando los medios están a su alcance, son capaces de actuar con determinación y solvencia contra la actual crisis migratoria que asola nuestro país.

Alternativa Sindical de Policía contra las oenegés

En junio del año pasado, el sindicato policial ASP exigía a través de un comunicado la inclusión en el Código Penal de aquellas oenegés que trasladen inmigrantes ilegales hacia fronteras españolas.

Desde la propia entidad se preguntaban por qué si a un patrón de una patera se le procesa por traer 20 inmigrantes, «¿por qué no a una ONG que trae 629 no se la imputa?». La asociación sindical subrayaba que según cifras oficiales, al menos 1 millón de subsaharianos se encontraban concentrados en la costas de Libia para alcanzar, a través de las oenegés de turno, suelo europeo. Tal y como afirmaba el sindicato policial, «Un rescate seria cuando ocurriera un incidente contrario a la decisión de su tripulación o pasaje (náufrago, temporal o hundimiento)», de esta forma ASP denunciaba que las oenegés no “rescatan” sino que “traen” a miles de inmigrantes irregulares.

La Asociación policial solicitaba al Ejecutivo a través de su comunicado, que todas las actividades de interceptación de buques en el mar fuesen únicamente a través embarcaciones oficiales del estado español. Y que el Gobierno llevase a aprobación la creación de un nuevo delito en el Código Penal español, a través del cual se pueda imputar tanto a las tripulaciones, como a los responsables de esas oenegés que llevan a cabo estas supuestas labores de rescate en el Mediterráneo Central.

Según el artículo 318 bis del Código Penal español, “todas aquellas personas u organizaciones que ayuden a entrar en territorio de la UE a personas de terceros estados vulnerando la legislación de entrada serán autores de un delito contra los ciudadanos extranjeros”. Sin embargo, el mismo artículo en su párrafo segundo deja fuera de la punibilidad “cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate”. Bajo esta premisa, desde ASP denuncian que salvo que se trate de un buque en situación de naufragio, avería grave por temporal o hundimiento, no se trata de un “rescate”, ya que un “recate” es cuando se produce un incidente ajeno a la voluntad de sus ocupantes.

Comunicado de la Alternativa Sindical de Policía contra las oenegés

Por último, la asociación policial sentencia que las ONGs no están “rescatando” inmigrantes irregulares, lo que están haciendo es “trayéndolos a Europa”, que es lo que ellos provocan y quieren. Y con su actividad están haciendo la última fase del trabajo que deberían hacer las mafias y que por supuesto cobran en suelo Libio antes de haber zarpado.

Llamadas de socorro desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles

La Asociación Unificada de Guardias Civiles lleva desde hace años reclamando la atención del Gobierno ante lo que ellos tipifican continuamente como una clara situación de desbordamiento y falta de efectivos.

Si nos remontamos unos años atrás, en el año 2014, el colectivo ya hacía alusión a su falta de medios ante una alarmante llegada de pateras al Estrecho de Gibraltar. Según afirmaban los agentes, la falta de medios materiales y humanos en el Servicio Marítimo de Algeciras y el Puesto de Tarifa llevaba a los agentes a una situación total de desbordamiento ante lo que ellos denominaron como una “operación salida”, orquestada por las mafias dedicadas al tráfico ilegal de inmigrantes.

Meses después de este comunicado, la asociación emitía nuevas denuncias al Ejecutivo. En esta ocasión hacían alusión hacia la desesperación y la impotencia de los guardias civiles de Melilla ante las agresiones por parte de los inmigrantes que trataban de entrar a España.  En este segundo comunicado, la entidad hacia sus primeras denuncias hacia las oenegés que día tras día trataban de criminalizar las acciones de un colectivo que se distingue precisamente por sus acciones humanitarias.

En el 2015, la AUGC se vio obligada nuevamente a realizar denuncias en cuanto a la situación de los agentes en los pasos fronterizos de Melilla. En esta ocasión para denunciar la falta de efectivos para llevar a cabo el control documental de todas las personas que cruzan diariamente las fronteras. Según indicaban en este comunicado, “el número de efectivos de la Guardia Civil no es ni mucho menos el suficiente para realizar la labor encomendada, que es la de fiscalización de personas y vehículos que puedan ser susceptibles de esconder o albergar tanto mercancías como inmigrantes irregulares que puedan pasar a Melilla viceversa.”

Paso fronterizo de Farhana en Melilla – Fuente: Agencias

Dos años después, en el 2017, la asociación emitía un nuevo comunicado solicitando refuerzos para la zona fronteriza de Ceuta y Melilla. Tras un nuevo episodio de intento de salto fronterizo en Ceuta por parte de más de 1.000 inmigrantes subsaharianos que de manera coordinada intentaron entrar en territorio nacional ilegalmente y haciendo uso de la violencia, la AUGC denunciaba una vez más la precaria situación en ambas ciudades.

“Los saltos en la valla por parte de los inmigrantes, así como el aumento de la violencia que ejercen los asaltantes, preocupa sobremanera a los agentes que se encuentran destinados en estas zonas calientes, en esté último asalto un policía marroquí perdió un ojo como consecuencia del impacto de una piedra. Barras de hierro, cizallas, piedras de gran tamaño, y demás objetos peligrosos son utilizados en cada salto a la valla fronteriza, mientras del otro lado los guardias civiles han de prepararse para repeler estos ataques exponiendo su integridad física y arriesgando sus vidas para cumplir con su deber de la mejor manera posible”, señalaban los agentes en esta preocupante nota de prensa.

Un guardia civil trata de repeler un asalto de inmigrantes a la valla de Ceuta – Fuente: EFE

Comunicados sucesivos a lo largo del 2018 han ido en la misma línea, los agentes de la Guardia Civil destinados en Ceuta y Melilla siguen 4 años después solicitando más medios humanos y materiales para poder desarrollar sus cometidos con seguridad y sin tener que poner en peligro sus vidas. Cabe recordar que hace escasos días, y aprovechando el cambio de año, varios inmigrantes trataron de acceder al Puerto de Melilla, en esta ocasión la AUGC hizo alusión nuevamente (a través de un tuit) de la precaria situación de los efectivos desplegados en la zona, reclamando medios técnicos y humanos para la lucha contra la migración irregular.

 

Andalucía, 52.000 inmigrantes en situación de ilegalidad

VOX entregó este martes al PP un documento con sus propuestas en el que, entre otras cuestiones, plantea colaborar con la Policía para expulsar a los inmigrantes que se hallen en situación ilegal, que cifra en 52.000, e ilegalizar organizaciones que, cooperando con las mafias de tráfico de personas, favorezcan la inmigración ilegal.

Con ello, VOX accede por primera vez desde un gobierno regional a las peticiones del sindicato de Policía Nacional, Unión Federal de Policía (UFP), que en un comunicado del mes de diciembre de 2018, solicitaba al nuevo gobierno andaluz que facilitase las copias de los pasaportes, de los 52.000 inmigrantes ilegales que tienen la “Tarjeta Sanitaria”, o “Documento de Reconocimiento Temporal sanitario”.

La Junta de Andalucía reconoce hasta el momento el derecho de asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales y sin recursos, garantizando el acceso al Servicio Andaluz de Salud, que lleva un cómputo de los usuarios que acceden a la sanidad pública a través de este servicio. Según las últimas memorias del Servicio Andaluz de Salud, en el año 2017 accedían a dicho servicio un total de 47.445 inmigrantes, casi el doble de los perceptores en el año 2014 (26.374).

Inmigrantes ilegales atendidos por el Servicio Andaluz de Salud (2014-2017)

El problema, denuncian desde la UFP, es que nada más abrir el correspondiente expediente de expulsión, y quedar en libertad y después de ser asesorados por algunas oenegés, los inmigrantes irregulares se empadronan en los ayuntamientos españoles con un doble objetivo:

1º.- Poder acreditar que ya están en España, al objeto de demostrar los 3 años para acogerse al procedimiento de arraigo recogido en la Ley de Extranjería.

2º.- Poder obtener la “tarjeta sanitaria” o un “documento de reconocimiento temporal”, en el Servicio de Salud de la correspondiente Comunidad Autónoma.

“Sin embargo, para poder realizar tanto el primer, como el segundo trámite, es obligatorio aportar copia de su pasaporte o carta de identidad verdadera de irregular”, advierten. “Esto produce que, una vez puestos en libertad, los inmigrantes ilegales contactan con sus familias en sus países de origen para que les envíen su pasaporte original por correo ordinario y así empadronarse y solicitar la Tarjeta Sanitaria”.

Así la Policía Nacional de momento no puede expulsar a los ilegales, al no poder acreditar su verdadera identidad cuando las copias de sus pasaportes están archivadas en los Servicios de Salud de la Junta de Andalucía.

No obstante y como he señalado anteriormente, finalmente VOX y Partido Popular han suscrito: “Apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral”. El PP adquiere así uno de los principales compromisos de VOX que permitirá a la Junta colaborar para que nuestros agentes puedan expulsar a aquellos inmigrantes en situación de ilegalidad.

por Rubén Pulido.

Jerez de la Fra. (Cádiz) - 1985. Ingresó a los 18 años en el Ministerio de Defensa, durante su etapa militar hasta su excedencia voluntaria (tras más de 11 años de servicio) ha realizado diversos cursos de perfeccionamiento, alcanzando así una serie de aptitudes que le confieren un especial olfato para el análisis de la actualidad en nuestro país. Empresario desde su excedencia, Rubén Pulido se dedica en la actualidad a dirigir inversiones y analizar todo lo que ocurre en nuestro país en materia de inmigración.