100 días, 100 propuestas: suspensión de la autonomía catalana

Suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales.

Las comunidades autónomas, según previó la Constitución española, eran simplemente un modo de organización territorial del poder. Cuarenta años después, y como consecuencia de constantes cesiones de orden políticos y competencial, que ha dado lugar a un inadmisible proceso de mutación constitucional, se han convertido en un instrumento de desunión, conflictos regionales, y desacatamiento del orden constitucional. Ello, obviamente, con la colaboración de gobierno centrales que han hecho dejación de su función constitucional de garantía y control en defensa de los derechos de todos los ciudadanos.

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Singularmente, dicha circunstancia, se ha visto manifestada en la comunidad autónoma de Cataluña. Los partidos, sindicatos y organizaciones secesionistas han aprovechado desde el inicio de la transición democrática- y muy especialmente desde el año 2012, en manifiesto abuso de derecho constitucional, las instituciones autonómicas y los resortes del poder que la constitución les atribuyó, en perjuicio de todos los españoles. La máxima expresión de esa actuación contraria al estado de derecho se produjo en las aciagas jornadas del 6 y 7 de septiembre de 2018 mediante la aprobación en el parlamento autonómico, de leyes que directamente pretendían la derogación de nuestro orden constitucional. Iniciando un proceso de subversión del orden constitucional, iniciando un proceso de subversión del orden, que desembocó en los actos violentos del 20 de septiembre y sucesivos días, en la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, y en el marasmo sociales producido posteriormente.

Para ello, los partidos, sindicatos y organizaciones separatistas, repetimos no actuaron por sus propios medios sino con un ejercicio ilegal y abusivo de instituciones públicas como la corporación de radio y televisión, el cuerpo de Mossos D’Esquadra, las llamadas delegaciones de la comunidad en el exterior y otros instrumentos administrativos.

La situación de desacato al orden constitucional y de violencia sobre los derechos cívicos se mantiene, hoy, pues los mismos partidos y organizaciones siguen detentando el poder política. En lugar de servir al interés general, sirven sólo al interés de la causa separatista y especialmente, en interés personal de los encausados en los diversos procesos judiciales que han investigado, y han de enjuiciar la comisión de delitos gravísimos contra el orden constitucional.

A ello sólo puede ponerse fin haciendo uso de los instrumentos que la propia constitución establece suspendiendo la actividad de las instituciones autonómicas.

Ciertamente, es una actuación excepcional y dolorosa, pero legal, necesaria y en todo caso provocada por los que de forma consciente, voluntaria, deliberada y concertada han decidido emprender el camino hacia ninguna parte: provocando la fuga de empresas y capitales, la pérdida de inversiones, y más grave aún, el resquebrajamiento de la sociedad catalana, debe recuperarse la paz social, que es la tranquilidad en el orden.

Artículo originalmente publicado en www.jorgebuxade.wordpress.com