100 días, 100 propuestas: Ilegalización de los partidos que persigan la destrucción de la unidad territorial

Jorge Buxade repasa en su blog algunas de las medidas que España necesita con urgencia en los próximos meses.

2. Ilegalización de los partidos, asociaciones u ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía.

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En la actualidad, ya el art. 9.2 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos establece que un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave:

a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual.

b) Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas.

c) Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a determinadas personas o grupos de la sociedad o a la población en general, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidación generada por la misma.

Posteriormente, la Ley Orgánica establece un listado de supuestos en que, a modo de presunción legal, se desprende la concurrencia de los supuestos anteriores, pero no lo hace de modo limitativo.

No es discutible que la redacción vigente de la Ley Orgánica nace, en un determinado momento histórico, como una legítima respuesta del Estado frente a la violencia propagada por el terrorismo de ETA y aledaños, y que su aplicación, mientras fue sostenida en el tiempo, produjo efectos beneficiosos para la Nación, y especialmente para los territorios y colectivos más amenazados por el terrorismo; y por ello, las conductas enumeradas en el apartado 3 del art. 9 LO de Partidos Políticos se vincularon directamente al ejercicio, promoción, colaboración o cobertura con la violencia y el terror.

Por la misma razón, el Estado – esto es, la comunidad nacional institucionalizada en un aparato burocrático sujeto al principio de legalidad – puede y debe, con el legítimo uso de la fuerza de la Ley y de los instrumentos que el Ordenamiento Jurídico ponga a su alcance, responder frente a las pretensiones de subvertir el orden constitucional, que como dije en la entrada anterior, tiene su fundamento, precisamente, en la indisoluble unidad de la nación española.

Por ello, es legítimo que con la Ley actual en la mano pueda instarse la ilegalización de partidos y organizaciones que persiguen la destrucción o ruptura de la unidad nacional, pues con ello lo que se está defendiendo es la soberanía nacional, y en último término, la propia Constitución. Máxime si, y cuantos vivimos en Cataluña lo sabemos, la actuación de esos mismos partidos se realiza en un régimen de coacción ideológica y de persecución personal y colectiva, empleando precisamente los instrumentos que el propio Ordenamiento jurídico que tratan de subvertir, ofrece a esos partidos.

Y si la Ley actual no es suficiente, es legítimo que un Partido pueda pretender y conseguir, por sí, o con los pactos que sean precisos, una mayoría suficiente en el Parlamento para modificar la Ley que permita la ilegalización de los partidos que abiertamente, y por cualquier medio, persigan como objetivo la destrucción del orden constitucional que, no se olvide, es garantía de nuestros derechos y libertades.

No se trata de criminalizar una idea – lo cual por otra parte es ampliamente admitido en otros países como en Alemania con el nacionalsocialismo – sino de establecer una sanción constitucional a un objetivo que es ilegal: la destrucción de la unidad y la desmembración del sujeto soberano, como sucede en Portugal o Alemania. Además, ello no tiene consecuencias penales sino estrictamente políticas: el Estado no puede reconocer como instrumento hábil de participación política a quien pretende la destrucción misma del Estado.

Es casi una cuestión biológica: aplicar el principio de supervivencia a la vida política.

por elDebate.es.

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