Marion Maréchal : ‘Lo que habría dicho en el Medea si me hubiera dejado hablar’

En junio, el Medef renunció a invitar a Marion Maréchal a su universidad de verano. En una tribuna, ella habla de los principios que le hubiera gustado desarrollar en esa ocasión.

No he podido debatir en la universidad de verano del Medef. Al menos, antes de que me convirtiera en la espectadora divertida de mi desembarco, sufrido antes de que pudiera validar definitivamente mi participación. En este mundo, la corrección política prevalece sobre la cortesía más elemental. Tendría que haber debatido sobre el «populismo» o, más bien, me tocaba a mí representarlo. Pero el progreso de los progresistas se detiene a las puertas del debate contradictorio. 

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Algunos han intentado, con todo, justificar mi invitación por mi etiqueta de «liberal». Un calificativo a veces infamante, a veces valorizador, según quien sea el comentarista. La dificultad de diálogo en esta democracia se debe en parte al hecho de que este tipo de términos comodín no indican necesariamente la misma realidad, ni tienen el mismo significado en la boca de quienes los utilizan.   

Este término «liberal», según remita a una doctrina económica o a una filosofía política, concuerda con nociones distintas, a veces contradictorias, según las épocas. Aquí no tengo espacio para recordar sus distintas acepciones en la historia de las ideas políticas o del pensamiento económico. Me limitaré, por tanto, a lo que no es causa de debate: su etimología. Liberalismo deriva del término libertad. 

De hecho, si hay una cuestión que para mí es fundamental en economía es la de la libertad. Una de las primeras cosas que hizo el general de Gaulle cuando llegó al poder en 1958 fue ponerse manos a la obra para la recuperación económica y financiera de Francia. En ese caso, no se sometió a no sé qué imposición capitalista, y tampoco estaba obsesionado por una visión compatible con el pago de la deuda, sino que actuaba como patriota preocupado por la independencia francesa. De Gaulle había comprendido que un presupuesto público sano es la condición para la libertad política. Porque todo el que gaste más de lo que produce en riqueza está condenado a pedir prestado a los demás. Hoy en día pagamos a nuestros funcionarios y nuestra política social con dinero prestado, cuyos intereses están en el segundo puesto del gasto del Estado. Y nuestra deuda se contrae mayoritariamente con los no residentes. La amenaza permanente de una «pérdida de confianza de los mercados financieros» y de un aumento, incluso ínfimo, de nuestro índice de deuda paraliza a nuestros gobernantes. Esta espada de Damocles les lleva a sacralizar los mercados financieros condenando a nuestro país a la aplicación mansa de las recomendaciones que emanan organismos lejanos e ideológicos: el BCE, el FMI, los comisarios europeos. Si nuestra deuda no fuera tan importante, o si por lo menos no sirviera principalmente para pagar nuestros gastos de funcionamiento, no tendríamos que rendir cuentas a nadie; pero, lo que es más importante, la voz francesa tendría el suficiente peso en las relaciones internacionales, sobre todo en el seno de la Unión Europea. El poder ha cambiado de rostro: en otro tiempo determinado fundamentalmente por la geografía, la demografía y la capacidad militar,  hoy en día es tributario sobre todo de los flujos; dicho de otro modo, de la economía y la influencia. 

Emmanuel Macron ha fracasado en su intento de imponer la voz de Francia en el concierto europeo, dado que nuestros socios no aceptan recibir lecciones de un país «en quiebra», sobre todo en un sistema político europeo construido sobre la base de la economía. Si el desafío de la libertad es sobre todo politico, ese desafío es también el de la libertad personal en un país campeón del mundo en lo que atañe a presión fiscal, en el que las retenciones suman más del 45% del PIB francés. No es legítimo plantearse la cuestión del respeto a la libertad individual cuando el poder público se queda con casi la mitad del dinero que hemos ganado. En este tema económico también se plantea, indefectiblemente, la cuestión del lugar del Estado, su campo de acción, su misión y sus medios.

El capitalismo no puede funcionar con las solas fuerzas del mercado. Se necesita al Estado para proteger a los mercados, castigar a los fraudulentos, evitar las injerencias del exterior, proteger los sectores estratégicos, garantizar las inversiones a largo plazo que no atraen a los capitales privados, crear infraestructuras, sostener a los más débiles y también y sobre todo, garantizar las funciones del poder soberano, en especial la seguridad, la defensa y la justicia, que no pueden funcionar equitativamente en el marco de un mercado competitivo. 

Es preciso constatar que a pesar de un nivel récord de gasto público y, por lo tanto, de gravamen, el Estado apenas puede garantizar adecuadamente sus tareas fundamentales. No es sorprendente en un Estado cada vez más ramificado, que tiende a entrometerse en todos los niveles de nuestra existencia, muy lejos a veces del papel que se le había dado en los inicios. 

Nuestros conciudadanos tienen el sentimiento legítimo de estar pagando continuamente, de que el esfuerzo grava siempre sobre sus hombros, y a cambio los servicios públicos son cada vez menos eficaces y están cada vez más alejados de ellos. De hecho, no se equivocan. El gobierno tiene como interlocutor económico privilegiado a las grandes empresas internacionales que tienen los medios para poder substraerse al yugo financiero, jurídico y social impuesto por el Estado; las elecciones políticas se impusieron a las PIMES, que son las primeras creadoras de empleo. 

El dueño de la empresa, el artesano, el comerciante, los que acogen actividades económicas, todos ellos utilizan sus fuerzas para financiar el pozo sin fondo de un paro estructural, de una inmigración delirante y sumamente costosa, que viene para aprovecharse de las generosidad de nuestro sistema social, en el que hay unos privilegios extendidos cuya existencia no se justifica: pensemos en la financiación pública de los sindicatos, en los sistemas como el de los trabajadores temporales del espectáculo, en el despilfarro en la formación profesional, en los muchos estratos de la administración pública, etc… Tantos gastos que, no sólo no se reducen, sino que se fomentan por tasas de interés sumamente débiles, una fácil ilusión óptica, garantizada por nuestra pertenencia a la moneda única. 

Los sucesivos gobiernos han creído encontrar la solución en una apertura cada vez más amplia de los mercados al exterior, sin afrontar nunca las reformas estructurales que permitirían bajar los impuestos en beneficio de la economía real, invirtiendo en infraestructuras y en los sectores del futuro. Un doble error que, unido a los estragos de un euro fuerte, mantiene un índice de paro cercano al 10% y que asfixia a las empresas que no pueden asegurar sus presupuestos.

Estoy convencida de que existe una tercera vía entre un socialismo de Estado que no tiene ningún escrúpulo en captar un máximo de recursos producidos por el mundo privado para redistribuirlos según su ideología, y un neoliberalismo que cree por principio que la privatización de un servicio público lo hará más eficaz, o que niega al Estado todo papel económico. Prefiero un Estado que se dedica a garantizar, también a nivel europeo, nuestra soberanía numérica y la protección de nuestros datos ante las GAFA, más que un Estado niñera que consiente al parásito y desanima al emprendedor.

A decir verdad, los desafíos a los que se tiene que enfrentar el Estado son enormes si deseamos, por un lado, reducir significativamente el peso de los impuestos que gravan sobre los franceses y, por el otro, aumentar su poder de adquisición. Hay que estar dispuestos a tomar decisiones, a evaluar las políticas públicas y, si necesario, a reorientarlas en su esencia. No cambiará nada si el Estado sigue creando efectos de abaratamiento mediante políticas de subvención que acaban convirtiéndose en vivir de la renta. De ahí su interés en regular todas las nuevas iniciativas.

Tenemos un ejemplo significativo de estos efectos de abaratamiento en un ámbito fundamental: la ecología, con el respaldo artificial a ciertas energías renovables… El Estado puede plantear los escenarios, de acuerdo con el resto de la comunidad internacional, pero nada sustituirá al emprendedor que, sobre el terreno, innova en la economía verde; o al colectivo de individuos que crea un ecosistema regenerador, según una lógica de recorridos breves y del mercado de proximidad. El Estado tiene la obligación de facilitar estas iniciativas mediante una fiscalidad estimulante o un acompañamiento, no sustituyéndose. Tampoco creo en las virtudes de una fiscalidad punitiva, ni que el Estado sea necesariamente más eficaz que el ciudadano.

Hay numerosos sectores en los que el Estado podría dejar más espacio al sector privado, como la educación o la cultura. Hay otros en los que podría cambiar de manera radical su política de redistribución: si queremos luchar contra la «Francia vacía», hay que recubrir los espacios vacíos del territorio, fomentar la descentralización de las grandes ciudades en favor de las ciudades medianas donde los precios de la vivienda son más asequibles y los trayectos a los lugares de trabajo más cortos. Dicho de otro modo, en lugar de la Francia de las 21 metrópolis, es mejor la Francia de las 100 ciudades. Es urgente invertir en el futuro de las «ciudades intermedias», esas ciudades que aún se benefician de un capital atractivo para los que acogen actividades económicas y las empresas, pero que lentamente pierden vitalidad, aspiradas por las grandes metrópolis. Reims, Le Mans, Perpignan, Colmar no estarán condenadas a alcanzar la «Francia periférica» si el Estado lleva a cabo una verdadera estrategia cultural, educativa y económica. Por último, hay sectores en los que el Estado puede tomar la decisión de reducir su campo de acción, como en política social, donde sería deseable poner en marcha una prioridad nacional que permita a los connacionales beneficiarse de manera prioritaria, es decir, exclusivamente según el caso, de las ayudas sociales. 

Por desgracia, nuestro país no puede conformarse con vivir sobre sus derechos adquiridos, mirando decepcionado la desaparición progresiva de la clase media y la creciente marginación de las clases populares. El futuro pertenece a las naciones independientes que ponen en marcha una verdadera estrategia industrial, que rechazan la colonización económica de las potencias extranjeras en sectores estratégicos como la industria de defensa o la agricultura, que defienden su soberanía sobre todo numérica, que privilegian los productos fabricados en su territorio, que protegen sus recursos mediante una ecología concreta y no ideológica, que orientan la inversión hacia la innovación y la educación.  

La economía no es una ciencia, y tampoco una religión. No es un fin en sí misma, sino un instrumento; no gobierna la sociedad, pero debe ponerse al servicio de su armonía. Para esto, creo que no hay mejor objetivo que alcanzar la libertad política, ni mejor medio que la libertad ofrecida a cada empresa para que pueda desarrollarse plenamente y a cada ciudadano para que viva decentemente de su trabajo.

Publicado por Marion Maréchal en Atlantico.

Traducido por Verbum Caro para eldebate.es

por elDebate.es.

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