La anticonstitucionalidad de VOX

Vivimos la era de las etiquetas. La dictadura del relativismo manda y uno de sus efectos es la simplificación de la política hasta llegar al absurdo. Y VOX no podía ser inmune a este fenómeno. Fascista y ultraderecha son los dos principales términos con los que partidos políticos, agentes sociales y medios de comunicación que se alimentan de la sombra del poder tratan de encasillar a la formación de Abascal. Sin embargo, en los últimos días una nueva parece sumarse al discurso del odio que profesan, la de anticonstitucional. Inició la cacería la vicepresidenta Carmen Calvo, antes incluso del extraordinario resultado de VOX en las elecciones andaluzas. Siguió la ministra de Justicia Dolores Delgado. Y se sumó finalmente la portavoz y ministra de Educación Isabel Celaá, en una de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros más vergonzantes que se recuerdan pues más bien parecíamos estar ante un mitin electoral del propio PSOE pero desde el poder ejecutivo. Si, ese poder que representa a todos.

Es tan burda y zafia la acusación que no merece la más mínima consideración más allá de la sorpresa de que la preocupación por la supuesta anticonstitucionalidad de VOX nazca de un partido que tolera que un presidente autonómico llame a las armas, la vía eslovena de Torra, que da instrucciones políticas a la Abogacía del Estado, tomando represalias contra el discrepante o que se apoya para gobernar en fuerzas políticas que proponen disolver la soberanía nacional, en otras que tratan de desintegrar la unidad territorial, y en muchas que exigen cambios constitucionales apoyándose en la fuerza de la masa en lugar de en los preceptos constitucionales a tal efecto. Sin embargo, todo esto no le parece anticonstitucional al PSOE, a los medios o a la batería de columnistas que alimentan a diario el odio hacia VOX. Lo anticonstitucional es VOX por plantear la ilegalización de los partidos contrarios a la Constitución y por proponer la recentralización del Estado.

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En cuanto a los partidos políticos, no plantea VOX nada que no pase en otros Estados de nuestro entorno. En Gran Bretaña, el Sinn Fein no puede tomar posesión de sus escaños en Westminster por no jurar lealtad a la Reina. En Francia o en Alemania, el fin de la secesión no es legítimo, hasta tal punto que las organizaciones políticas que defiendan tal fin pueden ser disueltas. En España, sin embargo, se tolera lo que la propia Constitución prohíbe, con la complicidad de todos los partidos y los sucesivos gobiernos de los últimos 40 años, desde la UCD de Suárez al PSOE de Sánchez. El artículo 6 de la CE es claro al respecto, “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley”. Evidentemente, el respeto a la Constitución y a la ley termina donde empieza su actividad política para disolver la soberanía nacional, desintegrar la unidad territorial, o provocar cambios constitucionales por la fuerza del tumulto. Pero lo anticonstitucional es que VOX plantee acabar con la pedagogía de la impunidad política, con la barra libre que sitúa a cualquier programa político por encima de la misma Constitución. Es un argumento que no se sostiene ni ante el más superficial análisis.

La reversión del modelo autonómico, por otra parte, debemos aclarar que mucho más que un principio ideológico, es una cuestión de pura necesidad. Es sorprendente la furibunda reacción en contra de que simplemente se establezca el debate, solo explicada desde la defensa de intereses individuales. Existen en nuestro entorno muchos modelos de organización territorial distintos. Los hay centralistas, como Francia. Regionalistas, como Italia. Federalistas con menos intervención política que las autonomías españolas, como Alemania. Y no por ello son más o menos sociales, o prestan mejores o peores servicios. El problema de España no está en la descentralización administrativa, necesaria en todo caso para acercar la prestación de los servicios al ciudadano, ya sea en forma de autonomía, de región, de mancomunidad, o como se decida llamar. El problema está en la descentralización política cuyo desarrollo se ha convertido en un cáncer que carcome España. Porque la descentralización política significa la creación de cortijos de poder, la creación artificial de diferencias que otorguen la razón de existir a una autonomía por encima de las vecinas. A costa incluso de España. Y eso, cuesta mucho dinero. Un tremendo error que jamás se debió permitir.

La recentralización del sistema autonómico es, no obstante, ciertamente complicada. Los partidos políticos suelen concurrir a las citas electorales con ambiciosos programas de máximos cargados de ideología, o al menos así ha sido siempre en la izquierda y así era en la derecha hasta la irrupción del marianismo en el PP y la aparición del ultra-centrismo equidistante de Ciudadanos. VOX también ha recuperado eso para la derecha. Sin embargo, uno de los grandes dilemas del juego político democrático siempre ha sido la distancia que separa lo que uno quiere hacer con lo que uno puede hacer. Y ante ese dilema vuelve la derecha a situarse tras los resultados electorales andaluces. La realidad parlamentaria salida de las urnas va a obligar a ajustarse a ella, pero no a renunciar a lo que es de derecho. Simplemente significa que el camino va a ser más largo. No sería así si los gobiernos autonómicos no utilizaran las instituciones de poder, que no son propias sino de todos, para blindar sus cortijos. Pero en nuestra España de las taifas del Siglo XXI los gobiernos autonómicos no se consideran como debieran considerarse todos los gobiernos, del nivel que sean, meros gestores temporal, sino que actúan como Cónsules romanos con imperium domi. El blindaje del sistema es tan fuerte que solo desde la propia autonomía se puede iniciar el trámite de devolución de competencias mediante la aprobación de un nuevo Estatuto que no las tenga en cuenta o simplemente las derogue. Activar la acción parlamentaria en este sentido puede ser un trabajo arduo, pero no así el exigir que se le  muestre a la sociedad la realidad de lo que está financiando.

De ahí la importancia de que un partido como VOX, que apuesta por la recentralización política, esté presente en estas Instituciones. Exigir una auditoría independiente y pública de la Junta, no con el objetivo de depurar responsabilidades políticas en teatrales comisiones parlamentarias, sino las penales que pudieran derivarse de décadas del mal ejercicio deliberado de la acción de gobierno, debería ser la gran prioridad en Andalucía para comenzar a desmontar el chiringuito autonómico. ¿Por qué sino debería VOX permitir la investidura de Moreno Bonilla? ¿Para volver a barrer todo el tufo bajo la alfombra? ¿Para echar a los socialistas pero se queden sus prácticas? La sociedad está cansada de cambalaches entre partidos, y además demanda saber la verdad de lo que se hace con su dinero, del por qué prestaciones tan elementales como las pensiones son puestas en solfa cada día mientras el gasto político no para de crecer. Y esto, no es lo anticonstitucional. Anticonstitucional no es acercar la realidad política al ciudadano. Anticonstitucional no es aplicar la Ley a los fines políticos que la propia Constitución declara como ilegítimos. Anticonstitucional no es plantear cambios constitucionales por los conductos establecidos a tal efecto. Lo anticonstitucional es amedrentar votantes desde las cámaras de televisión, o lo que hacen los socios de Moncloa a diario con la complicidad del Gobierno. Conviene tenerlo claro.