Envejecimiento social y choques intergeneracionales

Vamos hacia una “revolución” por el choque intergeneracional entre jubilados y jóvenes, según el coronel Pedro Baños, autor de best-sellers de geoestrategia como “Así se domina el mundo”, de interesantísima lectura, y que acaba de publicar una nueva obra titulada “El Dominio mundial”.

En las sociedades tradicionales, la distribución de la población por edades conformaba una auténtica “pirámide”: muy pocos viejos, bastantes personas de mediana edad, muchos adultos jóvenes, muchísimos jóvenes y niños. Con esa estructura demográfica, cuando se crearon los sistemas modernos de pensiones de jubilación, atender las necesidades materiales de los (pocos) muy mayores que había era una carga relativamente liviana o llevadera para las personas (muchas) en activo. Así, por ejemplo, en EEUU, en 1935, cuando el presidente Roosevelt estableció su sistema de pensiones público, había 52 trabajadores en activo por jubilado. Eso permitía pagar pensiones de cuantía apreciable con un esfuerzo fiscal por persona muy pequeño de la población joven y de mediana edad que producía la riqueza de la que salían esas pensiones. En España y Europa, a la sazón, la desproporción entre “viejos” y “jóvenes” no era tan grande, pero también era mucho mayor que la actual.

Al desplomarse la natalidad en las sociedades desarrolladas -en España, a partir de 1977-, según pasan los años y cada vez nacen menos niños, y con una esperanza de vida que sigue creciendo, la pirámide de población se invierte. En términos relativos, pasan a abundar los maduros y ancianos, y a escasear los jóvenes y niños. Por eso, la pirámide demográfica de España ya no tiene forma de tal. Cada vez su forma se parece más a una seta. Eso implica, entre otras cosas, que tiende a haber menos trabajadores en activo por jubilado, porque aumentan las personas en edad de retiro y disminuyen las que integran la fuerza laboral. En España hay ahora unos dos cotizantes a la Seguridad Social por cada jubilado, y la proporción es aún menor si incluimos en el cómputo a los pensionistas no jubilados, como los perceptores de pensiones / prestaciones por incapacidad laboral, cuyo número es tendencialmente creciente, al envejecer la fuerza laboral. Y en materia política, al haber cada vez más pensionistas y menos jóvenes, el poder electoral de los primeros crece, al tiempo que mengua el de los segundos. Se ha visto durante la reciente crisis económica, que ha castigado a casi todos los segmentos de la sociedad española, pero no a los jubilados, por el miedo de los políticos a perder su voto.

Celebramos ahora 40 años de la Constitución del 78. La comparación entre los tiempos constituyentes y los actuales del peso electoral y las proporciones de los jóvenes y los jubilados ilustra con claridad la tendencia. En las primeras elecciones bajo la Carta Magna, en marzo de 1979, había 2,3 votantes potenciales de 18 a 35 años por cada elector con 65 años o más. Ahora hay 0,9, y con tendencia a haber solo 0,8, a 0,7…. El vuelco en la influencia electoral de los votantes jóvenes en relación a la de los más talluditos es completo. Como además los mayores votan en una proporción superior a los jóvenes, la desproporción actual real a favor de los jubilados es aún más abultada, y esto lo saben muy bien los políticos que buscan el voto. En cuanto al esfuerzo necesario para pagar las pensiones, si en 1979 había 5,6 personas en España con 18 a 64 años (franja de edad que engloba a prácticamente toda la población en edad activa) por cada compatriota mayor de 64, ahora hay 3,9. Es decir, que a igualdad de los demás factores, al español actual que trabaja hay que quitarle, mediante cotizaciones sociales e impuestos, un 40% más de lo que produce que en 1979 para pagar las pensiones de jubilación. También hay que quitarle mucho más que antes para pagar la sanidad pública, y en especial la de los muy mayores, pues el gasto sanitario se dispara con la edad. En 2011-2012, el 50% del gasto farmacéutico lo generaban las personas con 75 años o más. En 1979, había en España 17,7 personas con 18 a 64 años por cada compatriota con 75 años o más. Ahora hay 6,6. Es decir, que el gasto sanitario soportado por cada trabajador ha debido subir incluso más que el debido a pensiones desde 1979. En cuanto a las necesidades de lo que ahora llamamos “dependencia”, suponiendo que se disparan a partir de los 80 años, el crecimiento de la carga fiscal / económica que esto supone sobre las personas en activo ha sido todavía mayor en los últimos 40 años. En 1979 había en España 51 personas de 18 a 64 años por cada paisano con 80 años o más. Ahora hay solo 10. Finalmente, otro claro exponente de la inversión de nuestra pirámide de población es que, si en 1979 había en España 2,1 menores de 18 años por cada persona con 60 o más, ya solo hay 0,7. Y todas estas ratios tienden reducirse, es decir, a que haya menos y menos españoles de mediana edad o jóvenes por cada compatriota de edad avanzada.

Es evidente, pues, que la dinámica demográfica en la que estamos inmersos facilita / conduce a / implica una transferencia de partes crecientes de lo que producen los trabajadores y empresarios a los jubilados, para el pago de pensiones, sanidad, dependencia y otras prestaciones. Esa transferencia, en su justa medida, es correcta, buena, necesaria. Pero si los políticos que buscan el voto jubilado se pasan de la raya, esa transferencia de rentas de los activos a los jubilados puede llegar a ser abusiva, y muy lesiva para la economía. En tal caso, sería posible que suceda lo que prevé el coronel Pedro Baños. Esto es, por simplificar, que haya una revuelta de los jóvenes contra los viejos. También es posible que esa revuelta no se produzca, pero sí la marcha de España de lo más talentoso de nuestros jóvenes y personas de mediana edad, para no ser explotados fiscalmente por una auténtica gerontocracia electoral. El tiempo lo dirá. Lo seguro es que una sociedad cuyo centro de gravedad se aleja de la juventud y propende a la senectud, porque colectivamente se niega a tener los suficientes niños para que su pirámide poblacional sea parecida a las de toda la vida, puede generar conflictos intergeneracionales inéditos en la Historia, además de empobrecerse económica y afectivamente. En todo caso, como entre los actuales y futuros jubilados hay y habrá muchos sin hijos, mientras otros habrían tenido varios o incluso muchos, pasando por una gran masa con uno o dos vástagos, sería equitativo e incentivador de la natalidad que, a igualdad de cotizaciones de los jubilados cuanto estaban en activo, la cuantía de sus pensiones, partiendo de un cierto nivel de base para los pensionistas sin hijos, tuviera un plus apreciable por cada hijo que tuvieran. Al fin y al cabo, si nadie tuviera hijos, no se podrían pagar pensiones de ningún tipo. En cambio, si todos los pensionistas hubieran tenido varios hijos, no habría problema demográfico para que las pensiones fueran suficientes.