El Tribunal Supremo y la oportunidad perdida

No es mi intención entrar a analizar la reciente Sentencia dictada por nuestro Tribunal Supremo, en relación con los lamentables hechos protagonizados por una serie de políticos catalanes durante los meses de septiembre y octubre de 2.017, hechos estos, que hicieron tambalearse los cimientos de nuestra Unidad Nacional, obligando al Jefe del Estado a dirigirse al conjunto de los españoles.

Tampoco es mi intención cuestionar la interpretación que se ha hecho en el Fallo Judicial de determinados tipos delictivos, especialmente el de Rebelión, que tanto está analizándose estos días por expertos -y no tan expertos- en la materia. 

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Y no es mi intención, reitero, porque bastante se está escribiendo estos días al respecto, pero principalmente, porque soy de los que creo que los jueces y magistrados aplican las leyes que aprueban nuestros legisladores o lo que es lo mismo, aplican las leyes que políticos de profesión, personas sin el mayor apego a la realidad jurídica, social y económica de nuestra nación, promulgan, dictan y aprueban. Leyes estas, muchas de ellas carentes de sentido y en ocasiones, contrarias a los intereses generales, por el simple hecho de que determinados partidos nacionalistas les imponen enmiendas y modificaciones legislativas, a cambio de prestar su voto para aprobar unos presupuestos generales.

Por ejemplo, no estaríamos hablando estos días de cómo debe interpretarse  el artículo 487 del Código Penal, si en el año 1995 no se hubiera modificado la redacción del denominado delito de Rebelión, exigiendo la necesidad de violencia como requisito imprescindible para incurrir en este tipo delictivo. 

Tampoco estaríamos hablando de este tema, si el Sr. Rajoy, ese que tantas veces pedía el famoso Voto Útil, como sigue hoy pidiendo su partido, hubiera modificado la redacción del precepto relativo al delito de Rebelión, cuando tuvo oportunidad con una mayoría absoluta de 186 escaños en el congreso, teniendo no olvidemos, voces autorizadas que así se lo aconsejaban a la vista de la situación que empezaba a vivirse en Cataluña. 

Pero no, cómo iba a modificar este señor la redacción del delito de rebelión, cómo iba a ponerse en frente a la izquierda y a los nacionalistas, cuando, como siempre, lo mejor es dejar las cosas como estaban, con su ley del Aborto, su Ley de memoria histórica y permitiendo que los enemigos de España siguieran actuando a sus anchas para encontrarnos hoy, con la peligrosa y difícil situación que estamos viviendo.

Dicho esto y lejos de valorar jurídicamente las 493 páginas de la Sentencia, considero que se ha perdido una oportunidad. Sí, nuestro más alto Tribunal, ha perdido la mejor de las oportunidades para, a la vista de la deriva que tiene España, a la vista del gobierno que tenemos y de la clase política que supuestamente nos representa, erigirse como ese Poder Judicial que tanta falta nos hace, diciendo: Vamos a aplicar las leyes que Uds. los políticos nos han dado, pero con toda la contundencia y rigor necesario para condenar las conductas que esta situación tan excepcional como la vivida en septiembre y octubre de 2.017 requiere y que cumplan en su integridad las penas que se les impongan. 

Por todos es sabido, que estos políticos presos, que no presos políticos, están viviendo a cuerpo de Rey en las instituciones penitenciarias catalanas y no es difícil imaginarse  que pese a haber sido condenados a penas de entre 9 y 13 años en su mayoría, los ‘mecanismos redentores’ de nuestra política penitenciaria, harán que puedan tomarse el turrón en casa o muy probablemente disfrutar de unos días de playa con sus familias este verano. 

Pues bien, sin perjuicio del análisis de la cuestión de la violencia en el asunto de la rebelión y de la interpretación del Código Penal efectuada por nuestros magistrados, lo cierto es que en este punto,  nuestro Tribunal Supremo ha perdido la gran oportunidad de ponerse la Toga del poder que representan. Y al margen del poder legislativo, al margen del gobierno y sus decisiones en política penitenciaria, blindar esta situación conforme a los cauces del artículo 36.2 del Código Penal: ‘Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.’

Esta medida, no requiere ni necesita una condición extraordinaria, siendo a todas luces evidente que han tenido la posibilidad de aplicarla, pero que por motivos que desconozco, se ha despachado esta posibilidad en tres párrafos ambiguos, afirmando que esta facultad no puede ser interpretada como un mecanismo jurídico para evitar anticipadamente decisiones de la administración penitenciaria, decisiones estas, que todos sabemos serán reales y efectivas próximamente, máxime teniendo en cuenta quien tiene delegadas estas competencias.

Por el contrario, nuestro Tribunal Supremo, ha preferido utilizar la sentencia para llamar la atención a VOX, para arremeter contra esta formación, al considerar que la presencia de formaciones políticas ocupando la figura de la Acusación Popular, ‘corre el riesgo de trasladar al ámbito jurisdiccional la dialéctica e incluso el lenguaje propio de la confrontación política’, pareciendo olvidar que precisamente son los políticos y nos los de partidos pequeños y humildes como VOX, si no los de siempre, los que nos han llevado a esta situación, los que han optado por politizar la justicia. 

Son conocidas las llamadas de atención del anterior gobierno, sí ese del Partido Popular que ahora pide el voto útil, inmiscuyéndose en las labores de la fiscalía cuando esta optó por querellarse contra los ya condenados, llamando al orden a su Fiscal General, (el Sr. Mazas, que en paz descanse), al igual que son conocidas las maniobras del actual gobierno con la abogacía del estado, para modificar las peticiones de penas en el escrito de acusación.

Parecen olvidar los magistrados redactores de esta resolución y de esta reprimenda, que sin VOX, no estaríamos hablando ahora de esta sentencia, que precisamente ha tenido que ser un partido entonces desconocido, quien tomara las riendas jurídicas de una bochornosa y lamentable situación, ante la omisión de los deberes que le correspondían al gobierno que entonces dirigía los destinos de nuestra Nación y parece olvidar nuestro Tribunal Supremo, que tal vez la sentencia no sea el escaparate ni el foro oportuno para, esto sí, dar opiniones políticas sobre cuestiones ajenas al complejo caso que se está resolviendo y que insisto, bien podría haberse preocupado de blindar las penas, en lugar de reprender a los que  de una manera valiente y honrada, decidieron en solitario ponerse la Toga de la defensa de España.