El falso Estado de bienestar

El Estado de bienestar, íntimamente ligado a las concepciones socialdemócratas, fundaba su justificación en proporcionar a los más desfavorecidos los servicios elementales, atribuyendo al Estado un papel protector que redistribuía la riqueza a través de las políticas fiscales. El gasto público, siguiendo las tendencias keynesianas, además se convierte en un elemento clave de su pensamiento económico, de forma que, ante una economía debilitada, el gobierno debe lograr el crecimiento a través de incrementar la demanda agregada aumentando el gasto público. Podemos encontrar las huellas de estas concepciones en el periodo de entreguerras en la socialdemocracia sueca, el laborismo inglés, el New Deal norteamericano e incluso en las políticas sociales y económicas del III Reich.

Tras la Segunda Guerra Mundial el concepto de Estado de bienestar se generaliza y amplia, de manera que el “Estado providencia” asume no sólo el compromiso de cubrir necesidades elementales como la sanidad, educación o coberturas sociales en caso de precariedad, ensanchando una supuesta gratuidad pública a toda clase de servicios que proporcionan “bienestar” y que acogen bajo su ala cuestiones tan dispares como el ocio y entretenimiento, el deporte, el arte, el turismo, la televisión, la cultura o toda clase de ayudas y subvenciones a cualesquiera actividades particulares. Paralelamente a la expansión del gasto público para sufragar todas estas actividades que contribuyen al bienestar individual, nos encontramos también con una expansión de la tutela pública que ha invadido cualquier esfera de la vida humana a través de una minuciosa legislación. Cuanto más se insiste en este Estado de Bienestar igualitarista, más necesaria es una enorme burocracia para gestionar toda clase de prestaciones, aplicar una miríada de regulaciones y administrar los inmensos recursos con que el Estado se hace. Sin una colosal masa de impuestos y controles, el Estado de bienestar no sería viable.

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Pues bien, este Estado de bienestar pone en manos de los administradores públicos, a través de los diferentes tributos, aproximadamente el 60 % de las ganancias de la población, una presión fiscal que supera con creces a la soportada por los campesinos en la Edad Media. Naturalmente, de ello se benefician los más ricos, poderosos e influyentes en detrimento de las clases medias y bajas, que soportan tal carga impositiva en la creencia de que salen beneficiadas por el gasto “social” del Estado. Paradójicamente, el principal problema social que padecemos, el paro, no es capaz de solucionarlo este Estado que se preocupa tanto de nuestra dicha.  Se le da muy bien eso de cobrar impuestos y repartir nuestro dinero, pero conseguir que toda la población activa tenga acceso a un empleo con un sueldo digno, es harina de otro costal. No sea que seamos nosotros los que decidamos en qué “bienestar” debemos gastar el producto de nuestro esfuerzo y ahorro, sin precisar de dádivas ni orientaciones.

Escondido en el Estado de bienestar posmoderno encontramos lo que muchos autores han denominado una nueva forma de despotismo. Una sociedad cada día más infantilizada abdica de sus responsabilidades encomendando al Estado la función de satisfacer sus necesidades, exigiendo que construya una sociedad feliz que satisfaga sus deseos, sentimientos o caprichos, incluso que evite los accidentes. Como señala Dalmacio Negro, “los deberes que entrañan responsabilidad, se sustituyen por los derechos que este Estado otorga profusamente para contentar a todo el mundo sin meditar sus consecuencias”. El papel del Estado por tanto cada día es más invasivo, ya que el ciudadano cede gustoso su libertad para que otros velen por su seguridad y bienestar. Acepta pagar abusivos impuestos, aun sabiendo que están destinados a ser gastados en redes clientelares o espurios fines, porque la virtud estatal de la solidaridad es incuestionable.  Se pliega dócilmente a adaptar su conciencia y conductas a los dictados que los grupos de intereses políticos, económicos, sociales y mediáticos que integran la oligarquía que domina el Estado, porque la voluntad del pueblo, convertido en masa, es de quienes fabrican y controlan la opinión pública a través de las consignas políticamente correctas que se convierten en pautas de control social y represión del disidente.

Zbigniew Brzezinski preveía en The Technotronic un nuevo orden mundial sin clase media, en el que sólo habría sirvientes y gobernantes. El Estado de bienestar nos acerca a esa visión. Una oligarquía se mantiene en la cúspide de la pirámide del poder dominando el Estado, que a su vez administra el esfuerzo de la mayoría bajo la promesa de repartir los frutos de ese esfuerzo, pero sin atender a criterios de justicia o equidad, sino de oportunidad y popularidad, con el fin de mantener la servidumbre voluntaria del pueblo. De esta forma se elimina la subsidiaridad del Estado respecto de la comunidad a la que sirve como instrumento organizativo, pasando a ser el auténtico protagonista, no de la vida política, sino de toda la vida social y hasta personal del ciudadano.

Este es el modelo que el mundialismo pretende imponer. No olviden que cuando los Soros, Macron, Merkel o sus agentes en España, Valls, Rivera, Pedro Sánchez, Álvarez de Toledo o Garicano, arremeten contra la nueva derecha y su “nacionalismo” como padre de todos los males, lo que pretenden es eliminar a la Nación, y sin comunidad nacional, sólo queda Estado. El resto de la historia seguro que saben deducirla ustedes mismos.