Dolores Delgado y el fin de la imparcialidad

Uno de los pilares básicos del sistema de gobierno de nuestra nación, se encuentra en garantizar el estado de derecho, de forma autónoma e independiente al poder ejecutivo y legislativo, en lo que se viene a conocer como la separación de poderes. Esta función le compete al poder judicial.

Durante los últimos años hemos visto cómo nuestros políticos, me refiero a los de siempre, a estos políticos de profesión con los que nos ha tocado convivir, han tratado de corromper y de politizar la justicia, apartando de su cargo a determinados fiscales y magistrados que despachaban y enjuiciaban asuntos mediáticos y relevantes de nuestra historia más reciente. Pero nunca esta injerencia del poder ejecutivo en el Judicial, había llegado al límite al que acaba de llegar nuestro nuevo gobierno. 

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Y es que en este sistema de separación de poderes, una misma persona no puede acostarse un día con la cartera del ministerio de justicia, para levantarse al siguiente siendo Fiscal General del Estado, por una sencilla razón; porque el primero un día es miembro del gobierno y por tanto del poder ejecutivo y el siguiente pertenece al poder judicial, del que se requiere y se presume una más que necesaria imparcialidad.

Ya lo presagiaba hace unos meses Pedro Sanchez y nuestra flamante vicepresidenta, la de la camiseta ‘i’m feminist’: ¿de quién depende la fiscalía? Pues eso. Aunque evidentemente no estemos de acuerdo, hoy hay que darles la razón. Y aunque por aquel entonces todas las asociaciones de fiscales arremetieran contra ellos por estas declaraciones, bueno todas menos una, la de siempre, lo cierto es que hoy son más certeras que nunca y lo son, para colmo, con carácter retroactivo.

Analizando el artículo segundo del estatuto orgánico que regula el Ministerio Fiscal, comprobamos que se trata de un ‘órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad’.

Pues bien, al margen del principio de legalidad y de imparcialidad y en lo relativo al nombramiento de la nueva Fiscal General del Estado, debemos recordar el carácter jerárquico de este cuerpo, como circunstancia distinta al de nuestros jueces y magistrados, que se rigen por el denominado principio de independencia judicial. Así, un Fiscal no puede ir por libre como hizo en su día Garzón (el ex juez, no el singular nuevo ministro) y tomarse la justicia por su mano. Un fiscal, conforme a su estatuto, debe someterse siempre y salvo casos muy excepcionales, al criterio de su superior jerárquico, en este caso la amiga de Garzón (me refiero de nuevo al ex Juez, no al otro) Dolores Delgado, ayer miembro del Gobierno y hoy jefa de los fiscales.

Esta situación, supone un evidente quebranto de la separación de poderes, o al menos, en lenguaje jurídico, genera una duda razonable respecto a la independencia judicial que tanto requiere nuestro sistema y para demostrarlo, basta un ejemplo de actualidad.

Remitiéndonos a la famosa sentencia del Tribunal Supremo que condenó a todos estos políticos presos, que no presos políticos, por sus comportamientos al margen de la legalidad durante los lamentables acontecimientos ocurridos en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2.017 -la sentencia del ‘procés’- recuerdo que media España entró a conocer y analizar la diferencia entre los tipos delictivos de rebelión y de sedición. Pero la realidad, a mi juicio, es que uno de los principales problemas o carencias de esta resolución, fue la de no blindar el cumplimiento de las penas objeto de condena, ventilándose esta cuestión en tres párrafos de sus 493 páginas. Pudimos comprobar como de forma ambigua, se afirmaba en la resolución que esta facultad, la del blindaje del cumplimento de la pena, no podía ser interpretada como un mecanismo jurídico para evitar anticipadamente decisiones de la administración penitenciaria, cuando todos sabemos que serán reales y efectivas próximamente, teniendo en cuenta quien tiene delegada la competencia en materia de política penitenciaria en Cataluña. 

Pues bien, una vez la persona responsable al efecto, que dicho sea de paso lleva un lazo amarillo en la solapa, proponga el tercer grado para los condenados, será la fiscalía quien tenga la facultad de evitar esta tropelía, pero al estar sometida al principio de dependencia jerárquica, la decisión final respecto a su actuación, hoy se encuentra en manos de Dolores Delgado.

Recordemos que la nueva Fiscal General del Estado, ocupando la cartera de justicia, puso al parecer a la abogacía del estado al servicio del PSOE, en las negociaciones con ERC para el apoyo de la investidura de Pedro Sanchez, en un hecho sin precedentes en la historia de los servicios jurídicos del estado.

¿Entienden ahora cuál es el peligro y por qué con este nombramiento se han pasado los límites de injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial? Pues aquí no acaba la cosa, ya que nuestro ordenamiento jurídico, regula y se basa en materia penal en el denominado principio acusatorio, es decir, nadie puede ser condenado si previamente no es acusado, siendo esta la principal misión de nuestros fiscales: La de acusar.

Si a esta función le sumamos la dependencia jerárquica comentada, es fácilmente entendible que al contrario de lo que les sucede a los jueces y magistrados, los fiscales están sometidos al criterio de su superior jerárquico, de manera que si reciben órdenes ‘desde arriba’ de no acusar, difícilmente un juez o magistrado podrá condenar, salvo que se encuentren personadas otras acusaciones como la acusación particular, o en su caso, la acusación popular. Casualmente, esta última posición fue la que ocupó VOX en el juicio del ‘Procés’, siendo cuestionada en la sentencia por el ponente, argumentándose que la acusación popular ejercida por un partido político, podría dar lugar a la politización de la justicia. Supongo que ahora el Sr. Marchena, estará más preocupado por no haber blindado las penas, que por la acusación popular de Vox en lo que a esta politización se refiere.

En resumen, el nombramiento de Dolores Delgado no ha dejado indiferente a los profesionales de la justicia. Supongo que alguno de los fiscales de su asociación, en concreto uno que tiende a criticar a sus compañeros en las redes sociales y que se alinea políticamente con los regímenes bolivarianos, estará encantado con dicho nombramiento. Pero en esta vida, decía mi abuelo, no solo hay que ser honrado sino parecerlo, y pasar de Ministro de Justicia a Fiscal General del Estado sin solución de continuidad en 24 horas, ni lo parece ni procede. 

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