Con flores para Stalin

Un fantasma recorre España, es el espectro errante de Francisco Franco, resucitado de entre los muertos por el doctor Sánchez, que de economía no sabe demasiado, pero que parece bastante ducho en vudú. Por esa influencia de ultratumba, cada vez cobra más forma el contenido de  la nueva Ley de Memoria «Histórica», en la que las penas por defender una visión del franquismo diferente de la de los comunistas se condenará con cuatro años de cárcel, todo tipo de inhabilitaciones y un centón de medidas represivas bastante exageradas y evidentemente anticonstitucionales.
Sin embargo, esa intención del legislador presenta una serie de inconvenientes y contradicciones verdaderamente larga, incluso desde el punto de vista de los leninistas de misa diaria que redactan este ukase para el gobierno del doctor Sánchez.
El primero es que ataca a un enemigo imposible, quiero decir: ya no hay franquismo y los franquistas vivos suman más de ochenta años, salvo escasas y pintorescas excepciones. El Régimen se extinguió pacíficamente en 1976-1977 y  todos los que vivieron aquella época sabían que era irrepetible por su excepcionalidad y su personalísimo concepto del poder. No puede haber franquismo sin el  ingrediente principal: Franco. Igual que no podemos hacer huevos fritos sin huevos. El franquismo nunca podrá volver. No hay el menor peligro de una restauración del antiguo régimen; para empezar porque sus propios servidores se dieron toda la prisa del mundo en desmontarlo. Además, si lo hubiera de verdad, estos feroces antifranquistas sobrevenidos serían mucho más discretos con sus leyes draconianas. De 1975 hasta 1985, cuando ese riesgo era teóricamente posible pero nada probable, guardaron estos audaces enemigos del tirano un precavido silencio. Y sólo en 2019 se han atrevido a profanar la huesa del Generalísimo.
El segundo se refiere a esa amenaza de empapelar a cualquiera que «hable bien» de Franco de manera directa o mediante insinuaciones. Esto no es tan sencillo como parece. Pongamos un ejemplo de manual, la proposición «Franco ganó la guerra». Esta frase puede aparecer en cualquier escrito de un historiador del Régimen (el de ahora, el progre) y no sería raro encontrarla hasta en francófobos tan «enragés» como Ángel Viñas. Bueno, pues afirmar tal aserción puede ser para un fiscal concienzudo una velada apología del franquismo: si uno gana una guerra es porque ha sido más valiente, más listo, más adaptable a las circunstancias, mejor administrador, más capaz, más afortunado y más fuerte que su enemigo. Al escribir: «Franco ganó la guerra» estamos exaltando disimuladamente el franquismo, según puede colegirse de la severidad de esta ley con la que nos amenaza el soviet de la Memoria «Histórica». ¿Y qué sucederá si el imprudente investigador exhibe los datos macroeconómicos del período 1960-1975? ¿Y si revela el número de familias que accedieron al estatus de la clase media? ¿O el de judíos que se libraron de la Shoah gracias a los diplomáticos del Régimen? ¿Quién nos dice que tras esas cifras se esconde la voluntad aviesa de un conspirador criptofranquista? Como puede ver el lector, no le va a faltar el trabajo a la Inquisición progre ni el miedo al historiador de este período.
Además, se da un tercer factor que puede crear abundantes empleos en una nueva rama del negociado de la memoria: la censura. La imagen de la España de Franco que se pretende imponer por los historiadores del Régimen es la de un país en grisalla, con campos de concentración, hambre, piojos, fusilamientos y maquis; donde un pueblo oprimido y deprimido tascaba el freno mientras esperaba heroicamente  en su mesa camilla el deceso del tirano. Es decir, deben desaparecer del imaginario público todas las evidencias que desmientan la realidad que nos están fabricando «ad hoc» para nuestra edificación moral, desde la medalla de oro de Paquito Fernández Ochoa hasta las películas de Afredo Landa, Manolo Gomez Bur y Gracita Morales, sin olvidar las de Paco Martínez Soria y las de Berlanga y Bardem. Y las revistas de Celia Gámez, las copas de Europa del Real Madrid, el seiscientos, el televisor, la rumba, Benidorm, las suecas, Ava Gardner, los Pekenikes, Jaime de Mora y Aragón, Rosa Morena, las vacaciones en la playa y aquella paga extra del 18 de julio con la que el Nosferatu de El Pardo aplacaba las rugientes iras populares, tan sonoras y vibrantes. La España de Franco era un país ceniciento y triste, donde la única diversión era la misa del domingo. Lola Flores nunca existió, ni tampoco Pérez Prado, Mortadelo y Filemón, Bobby Deglané, Las Hermanas Gilda,  Carmen Sevilla, Fórmula V, Zipi y Zape,  Peret, «La Codorniz», Tip y Coll, el escote de Rocío Jurado ni los programas de Chicho Ibáñez Serrador, desde «Historias para no dormir» hasta el «Un, dos, tres». La tarea de borrado de ese tiempo pretérito se presenta inacabable. Es lo malo del pasado, que no se puede plegar a los deseos de los bolcheviques porque ya pasó. Sólo cabe borrarlo o «resignificarlo» (eufemismo de «manipularlo».)
Pero el problema es más grave en el campo cultural. El franquismo fue un «páramo» en el que nada podía crecer ni prosperar, un yermo de las almas y de las mentes en el que se fusilaba o encarcelaba a los poetas y los escritores. ¿Qué hacemos entonces con Manuel Machado, Eugenio D’Ors, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Leopoldo Panero (padre), Luis Felipe Vivanco, Luis Rosales, Rafael García Serrano, Enrique Jardiel Poncela, Miguel Mihura, Agustín de Foxá, Camilo José Cela, Josep Pla, José Gutiérrez Solana, García Nieto, Dalí, Ignacio Zuloaga, Joaquín Turina, Edgar Neville, Jacinto Benavente, Wenceslao Fernández Flórez, Azorín, Giménez Caballero y tantos otros? ¿Requisamos sus libros, sus cuadros y sus partituras y los quemamos? Si en el franquismo no hubo la menor expresión cultural, estos personajes deben desaparecer de los registros, incluso del ISBN. Deben darse por «no existidos». No sería nada nuevo, Trotski desapareció de igual manera de la memoria soviética.
Y queda, además, el cuestión de los homenajes. Francisco Franco no fue sólo un general frío, bajito y astuto que gobernó España durante cuarenta años frente a la oposición de todo el mundo y la resistencia incansable de sus habitantes. Además, es la hipóstasis en cuerpo de gallego mortal del Mal Absoluto, así, con mayúsculas. Si la oposición y resistencia al Mal es un deber, nos encontramos que el mayor enemigo del Mal, su opuesto, y por lo tanto la encarnación del Bien Absoluto, fue José Stalin. No tuvo el Generalísimo un enemigo más constante e incansable que el «Vodzh», el caudillo georgiano de la URSS. ¿Quién apoyó a la República e impidió que se desplomara en 1936? Stalin. ¿Quién amparó y armó a los maquis? Stalin. ¿Contra quién envió Franco la División Azul? Contra Stalin. Si somos coherentes en nuestro radical antifranquismo, si dedicamos calles a los etarras y hacemos hijos predilectos de nuestras ciudades a Santiago Carrillo y a la Pasionaria, es injusto que no homenajeemos al hombre que envió las Brigadas Internacionales, que derrotó al fascismo en 1945, que proporcionó armas y bagajes a los gobiernos republicanos y que siempre inspiró a nuestros chekistas culturales, desde la Nelken hasta a Alberti: José Stalin. La aplicación justa y equilibrada del espíritu de la Ley de Memoria Histórica exige que haya en nuestro país avenidas del Mariscal Stalin, plazas del Camarada Stalin, premios Stalin de las artes y de las letras, barcos de la Armada con el nombre del Padre de los Pueblos, estatuas, cenotafios, clípeos, arcos del triunfo, columnas votivas, bajorrelieves, festivales, teatros, orfeones, jardines de infancia, paritorios, hospitales y hasta ciudades. ¿Por qué no llamar Puerto Stalin a Gijón? ¿A Dos Hermanas, Villa Stalin? ¿A Barcelona, Stalinburgo? Poca cosa sería esa, teniendo en cuenta quién fue el espíritu que animó la resistencia contra el franquismo durante la Guerra Civil y los tiempos más oprobiosos de la Dictadura.
Estoy seguro que llegará ese tiempo de reparación y de justicia, cuando Sánchez y la Calvo y la Delgado vayan de la mano con flores para Stalin, «que padre nuestro es». El espíritu y la letra de las leyes de la memoria «democrática» lo exigen.