100 días, 100 propuestas: Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España

Jorge Buxadé analiza el sistema autónomico y la principal medida de VOX en este sentido.

6. Transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división. Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España. Como paso previo: devolución inmediata al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica.

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El reconocimiento a las Comunidades Autónomas de una potestad legislativa amplia en la práctica totalidad de los ámbitos de la vida personal, familiar, social y cultural ha producido una hiperinflación de normas jurídicas que atenta contra los principios de unidad, coherencia y seguridad jurídica exigibles a todo Ordenamiento Jurídico; y que violenta diariamente la libertad de los individuos y de los grupos en que se integra – 9.2 CE-, de modo que los Poderes Públicos en España no cumplen su principal función: la ordenación de la vida social.

Además, y en la medida que todo poder jurídico tiende a expandirse hacia el infinito, se ha producido un efecto todavía más pernicioso: las Comunidades Autónomas han legislado atendiendo a sus exclusivos y privatistas intereses, sin tener en cuenta no ya el Bien Común, sino ni siquiera el interés general de todos los españoles. Esa autonomía legislativa ha producido, produce y producirá, si no se le pone fin, diferencias inadmisibles entre españoles, que afectan a la igualdad esencial de los mismos en materias tan relevantes como la legislación tributaria, los usos del suelo o el ejercicio de actividades económicas (p.ej: licencias de turismo, licencias de caza, legislación sobre actividades u obras); y que menoscaban las posibilidades de progreso económico de los españoles.

La expresión máxima de esa tensión centrífuga se ha alcanzado en las Comunidades Autónomas donde los partidos secesionistas han detentado o detentan el poder legislativo, legislando materias sobre las que carecen de competencias o forzando los límites constitucionales. La politización del Tribunal Constitucional, órgano jurisdiccional al que la Constitución atribuyó la determinación de lo que es o no es conforme al texto constitucional, y la de dejadez de éste y de los gobiernos centrales en la defensa firme y férrea de la unidad del ordenamiento y de la igualdad esencial de los españoles, nos ha llevado a lo que una gran parte de los españoles considera un callejón sin salida.

Es preciso, por tanto, superar el Estado autonómico y transformar ese modelo de organización territorial del Poder en un Estado unitario con un único Parlamento y un único Gobierno, que representen los Poderes legislativos y Ejecutivo del Estado. De este modo se satisface una exigencia clásica de la concepción del Estado democrático: un hombre, un voto; una Ley igual y común para todos.

Ese Parlamento, obvio, en tanto que expresión del pueblo español, representará sin dificultades las particularidades que enriquecen España, en su variedad cultural, lingüística, social, o económica, pero sin menoscabo ni merma de la igualdad de los españoles; y lógicamente, aparece como un instrumento más adecuado para hacer efectiva la solidaridad entre las tierras y pueblos de España.

Nada hay en de inconstitucional o anticonstitucional en pretender una reforma de la Carta Magna que avance hacia una mayor unidad, y una mayor igualdad de derechos y deberes entre los españoles, que obviamente, redundará en un ejercicio más libre de los citados derechos y un cumplimiento más ordenado de los deberes.

Es legítimo pretender esa transformación del Estado autonómico, y plenamente conforme a la Norma Fundamental, si el objetivo se ha de alcanzar mediante los mecanismos que la propia Constitución prevé para su reforma.

En el ínterin, en tanto que no se alcancen las mayorías precisas para superar el Estado autonómico, la Constitución y los propios Estatutos de Autonomía ofrecen mecanismos precisos para la mejora de la igualdad de los españoles en materias tan relevantes como la Educación, la Sanidad, la Seguridad o la Justicia, auténticos ejes vertebradores de un Estado democrático de Derecho.