100 días, 100 propuestas: Todos los españoles tienen el deber de conocer el español

Jorge Buxadé desgrana en su blog las principales medidas del programa electoral de VOX.

«4. Ninguna administración ni particular puede menospreciar la lengua común de todos, el español. Mucho menos discriminarla. Hay que cumplir estrictamente el mandato constitucional de que todos los españoles tienen derecho a utilizar el español, y el deber de conocerlo. Suprimir el requisito del conocimiento de la lengua cooficial en el acceso a la función pública de forma que se evite cualquier tipo de discriminación».

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Durante las últimas semanas se ha incrementado la ofensiva – forma parte de una estrategia que se nos aparece bastante definida – dirigida a pretender espantar el exponencial crecimiento de Vox, partido político, con la acusación de “in” o “anti” constitucional. Tal acusación es la continuación nerviosa de las anteriores de “facha” – que fue desactivada con jovialidad e ironía por Santiago Abascal en el acto de Vistalegre, y se ha vuelto en contra de los acusadores-, “extrema derecha” – que no pasa el más elemental análisis incluso para el más Sectario.

Con esa capacidad de pervertir el lenguaje que tiene la izquierda se convierte el deseo de cambiar y mejorar la Constitución en una actitud “anticonstitucional”. Y de repente nos encontramos a los mismos “juristas de cabecera de El País” que defienden federalismos asimétricos (esto es, institucionalizar la impostura jurídica y el engaño masivo) como modelo de reforma constitucional (acción dirigida directamente a consolidar las apetencias de los separatistas y acabar definitivamente con la igualdad esencial de derechos y deberes de los españoles); afirmar que querer superar el Estado de las autonomías y formular una propuesta de Estado más unitario es contrario a la Constitución. Bochorno de juristas. Bochorno de periodismo.

El votante, sin embargo, utiliza el periódico para seguir envolviendo el grasiento bocadillo de atún que sus hijos han de llevar a la escuela. El votante no entiende – y lo más importante ha decidido que no quiere ya entender sin entender – la verborrea de los “constitucionalistas” que defienden la Constitución atacando España.

En esa misma línea produce pavor intelectual ver cómo esos “juristas de cabecera” que se rasgan las vestiduras y quieren aparecer ahora como paladines del texto constitucional, sin embargo, se olvidan a las primeras de cambio de un artículo tan poco complicado, tan claro, tan sencillo, como el art. 3 CE, que orillan, ocultan e interpretan de forma lo suficientemente bastarda como para hacer que la interpretación no tenga relación alguna con su contenido:

«Artículo 3»

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Cualquier español – que no esté ensoberbecido y encanallado por esa verborrea de profesor universitario imberbe – entiende de forma muy sencilla que:

1. Si todos los españoles tienen el derecho a usar y el deber de conocer el español o castellano,

2. Si todos los españoles han de acceder a la función pública en condiciones de igualdad.

3. Si el acceso a la función pública debe primar el mérito y la capacidad.

4. La conclusión es que el conocimiento de una lengua o modalidad lingüística de ámbito regional o incluso local, JAMÁS DEBE SER UN REQUISITO OBSTATIVO al acceso a la función, sino, en su caso (y no en todos) un determinado mérito a valorar, de forma moderada y adecuada al fin perseguido por la norma.

En su consecuencia, exigir como requisito de acceso el conocimiento de una lengua cooficial de las definidas en los Estatutos de Autonomía es un atentado grave y directo a la igualdad de los españoles e indirecto a su libertad de establecimiento, circulación y residencia dentro del territorio nacional.

Ello, además, es un elemento decisivo en toda la estrategia y táctica política de los partidos y organizaciones separatistas; un arma fundamental para sus pretensiones de romper España, pues produce un doble efecto, igualmente pernicioso, e igualmente contrario a derecho:

1. La utilización de la lengua como arma político-administrativa pues se pretende identificar el idioma con una opinión política, lo cual es una falacia; consolidando cuerpos de funcionarios y empleados públicos al servicio no del interés general y del ciudadano, sino de una opción ideológica, lo cual de por sí justificaría desmontar de un plumazo esas estructuras del Mal Común.

2. Perjudicar, entorpecer, obstaculizar los intercambios personales, familiares, colectivos, en el orden cultural, social, espiritual, entre los miembros de la Nación al poner barreras de entrada. Basta recordar que en el siglo XIX los grandes cuerpos de funcionarios estatales contribuyeron a tejer una red de afectos y relaciones personales que ayudó a la cohesión nacional. Esa misma red ha sido descosida por el nacionalismo separatista – especialmente en Cataluña – empleando la lengua catalana como requisito de acceso a la vida pública en Cataluña.

De todo lo anterior podemos deducir que exigir en este caso el estricto cumplimiento de la Constitución acabando con estas barreras de entrada supondría un paso esencial para la “normalización” jurídica y para la recuperación de la libre convivencia e igualdad de los españoles.