La quiebra de la seguridad social como botón de muestra

El Tribunal de Cuentas lo ha confirmado, la Seguridad Social está en quiebra, y el agujero marea: 100.000 millones de euros de pérdidas acumuladas desde 2012 a 2017. Una situación insostenible que pasa, necesariamente, por recortar los gastos, adelgazar el Estado y cambiar el modelo de país.

En uno de los aburridos debates entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, moderados por Manuel Campo Vidal, allá por 2015, el expresidente mencionó que, en España, 13 millones de personas recibían algún tipo de prestación. Si a esto añadimos que 13,7 millones de personas dependen del sector público y 13 millones del sector privado, y la Deuda-Bomba de 1.402.291.594.802 euros -y subiendo sin cesar- que pesa sobre todos los ciudadanos, la conclusión es obvia: el modelo de Estado de Bienestar autonómico actual está obsoleto, es deficitario y ruinoso y requiere de una reforma urgente.

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El Estado está sustentado sobre un sistema impositivo muy caro y sobre duplicidades innecesarias. Además, fomenta la dependencia y subsidiariedad, penaliza el riesgo, el emprendimiento y la generación de riqueza, y favorece la creación y multiplicación de organismos públicos y de proyectos ideológicos subvencionados que poco tienen que ver con los intereses generales de los ciudadanos o las funciones básicas de un país. El sistema actual detrae una cantidad preciosa y enorme de fondos que podrían emplearse de forma más eficiente y no generar deudas impagables. El día que nos dejen de prestar dinero y dejen de comprar nuestra deuda vamos a tener un problema de dimensiones bíblicas, pero no parece importar mucho a todos aquellos que precisamente viven del sistema.

El Estado de Bienestar europeo, ese que los españoles compramos gustosamente cuando entramos en Maastricht, ha supuesto impuestos altos y gasto público descontrolado. Nuestro sistema, del que tan orgulloso se sienten la mayoría de los partidos políticos, ha condenado al crecimiento del PIB per cápita y a las finanzas del Estado. Es urgente un pacto nacional para crear un nuevo modelo impositivo centrado en ayudar a quien realmente lo necesita, a favorecer el poder adquisitivo de las personas y de las familias y a aliviar las cuentas del Estado. Mucho me temo, tristemente, que casi todo el arco parlamentario no está por la labor. Quien tuvo la oportunidad -no sabemos si única- de hacerlo fue Mariano Rajoy y su mayoría de 186 escaños en el Congreso. Los populares prefirieron seguir sosteniendo, con parches, un barco que hacía aguas, sentenciando a todos los ciudadanos a estar pagando deudas durante varias generaciones. Al decir de Federico Jiménez Losantos, es ciertamente un milagro que Pablo Casado sacara 66 escaños después del desastre marianista.

A pesar de que los resultados de las últimas elecciones generales puedan indicar lo contrario, seis de cada diez españoles opinan que paga muchos impuestos. Y es verdad. La percepción negativa del contribuyente medio ante sus obligaciones fiscales se corresponde con una realidad alarmante. Los contribuyentes españoles, de media, trabajan 177 días para pagar sus impuestos y el 80% de ellos paga más impuestos que lo que recibe en servicios públicos y prestaciones sociales hasta que se jubilan. Los impuestos, además de ser muy altos, están mal empleados.

En definitiva, además del encarecimiento de los gastos necesarios para llevar una vida digna, los contribuyentes españoles soportan la losa de impuestos altos e injustificados, que coartan su libertad económica y confiscan el fruto de su trabajo; y muchos de estos contribuyentes, que llevan a cabo grandes esfuerzos para estar al corriente de todas sus obligaciones privadas y públicas, ven con desasosiego como su dinero se destina a mantener proyectos que no están destinados al bien común de la población.

Sí, la Seguridad Social está en quiebra, pero sólo es un botón más de muestra del sistema, que está quebrado de arriba abajo.