100 medidas, 100 días: exclusión de la enseñanza del Islam en la escuela pública

Ya he comentado en artículos anteriores la estrecha relación que existe entre terrorismo islamista y adoctrinamiento radical en las mezquitas y restos de centros de culto islámico. El Estado no puede, en modo alguno, colaborar, ni por acción ni por omisión, con ese riesgo que atenta directamente contra el orden público nacional.

Si ha llegado el tiempo de levantar el velo de lo “políticamente correcto”, no hay razón ninguna para no hacerlo en este punto.  Siguiendo en este punto a expertos como Mª Ángeles Corpas, procede advertir que en los países islámicos no existe la libertad religiosa como la entendemos en la Civilización occidental. Es así que la Declaración de El Ciro sobre los derechos humanos en el Islam no garantiza ni el respeto a la libertad religiosa ni la igualdad ante la Ley en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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El concepto de libertad religiosa en el mundo islámico se ha elaborado jurídicamente con fundamento en los llamados  “tratados de protección”, “estipulados con las distintas comunidades cristianas durante la expansión del Islam (siglo VII y VIII). A cambio de protección (dhimma) estas minorías conquistadas podían seguir practicando su fe, siempre que mantuvieran una lealtad probada al poder constituido, reconocieran la superioridad del Islam y pagasen un impuesto específico (tasa de capitación o jizya)”.

Esos mismos principios jurídicos inspiran la legalidad en los países islámicos con más o menos crudeza, con más o menos intensidad. Existen países – como la monarquía saudita – donde directamente queda prohibida la expresión religiosa cristiana.

Es indiscutible para muchos, por tanto, que no hay motivo jurídico para tratar en España, y en Europa, en igualdad de condiciones jurídicas, a las distintas confesiones. No tiene ello nada que ver con la libertad de cultos. Hay que hilar fino, porque nos jugamos la misma existencia de nuestra civilización y culturas.

Dos acciones muy concretas se plantean en este asunto: por un lado, exigir de los imanes y líderes religiosos islámicos en España una colaboración constante, continuada y leal en la detección y persecución de radicales islámicos; por otro lado, la exclusión del Islam en la enseñanza pública.

El sistema de libertades que Europa  ha ganado para la historia del pensamiento no es fruto del islam, sino por el contrario, del Cristianismo. Y es el Cristianismo, hoy también, la salvaguarda espiritual frente a las doctrinas islámicas.

La aconfesionalidad del Estado no obliga, en modo alguno, a un trato igualitario de cualquier confesión o secta religiosa. Antes al contrario. El Estado ha de salvaguardar, primariamente, la identidad e integridad territorial, espiritual, cultural de la Nación española, forjada en los valores cristianos; y ha de proteger la libertad de los españoles. No es admisible, por tanto, que el Estado reconozca, proteja e incluso favorezca la enseñanza islámica en las escuelas públicas, en tanto que el Islam no respete nuestra Civilización, nuestros valores y principios; sobre todo la libertad religiosa que ha sido definida, por nuestro Tribunal Constitucional, como el “prius” lógico del reconocimiento de cualquier derecho individual o colectivo.