La gran estafa de la huelga feminista del 8M

En España no existe “sociedad civil”. Pasar de una dictadura a la democracia, sin derramamiento de sangre, mediante la cesión del poder voluntaria (en realidad, “compartición” del poder), en un país marcado por la guerra civil y al ajuste de cuentas, necesitaba, además de una institución de referencia, como la Corona, unos partidos políticos fuertes que se sometieran voluntariamente a la ley de hierro del consenso.

Se trataba de pilotar el proceso de apertura con mano firme, sin que se descontrolara. Los poderes del Estado, bajo el control de los partidos y la tutela de la Corona, debían ser el esqueleto sobre el que luego habría de crecer la carne institucional. Era la única manera, según se pensaba entonces, de que la Transición no acabara descarrilando y España cayera de nuevo en la confrontación civil o en el golpe de Estado.

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Lógicamente, dentro de este esquema no había cabida para un auténtico proceso constituyente. Por lo tanto, la Constitución no sería una constitución propiamente dicha sino una carta otorgada; es decir, la democracia no sería un regalo que el pueblo, soberano, se haría a sí mismo, sino una concesión del poder hacia el pueblo. Era eso o la permanencia en un franquismo descabezado, sin posibilidad de continuidad, y el riesgo cierto de una confrontación civil que a nadie interesaba.

La suplantación de la sociedad civil

Este planteamiento permitió que la Transición lograra su objetivo, pilotar el cambio de la dictadura a la democracia de manera ordenada y pacífica, aunque con algún sobresalto. Pero tuvo también sus inconvenientes. Uno de ellos fue que la sociedad española no adquiriera el protagonismo que sí tenían las sociedades de otras democracias consolidadas; es decir, impidió que en España floreciera una verdadera sociedad civil. Ese espacio directamente lo ocuparon los partidos políticos. Y serían estos los encargados de interpretar y filtrar las demandas e iniciativas sociales. Con el tiempo, los partidos irían aún más lejos: directamente idearían esas demandas y las atribuirían a la sociedad. O, en su defecto, se apropiarían de aquellas iniciativas que sirvieran a sus fines.

Así, estas demandas no necesitarían someterse al proceso de validación de la sociedad, donde la asociación voluntaria de los individuos actúa como mecanismo de selección, primando unas iniciativas y desestimando otras. Cualquier partido que tuviera acceso a los presupuestos podría transformar una iniciativa minoritaria e, incluso, marginal, en un “fenómeno social” por la vía de la subvención. Bastaba con que se constituyera una fundación o asociación y regarla generosamente con dinero público para que, en poco tiempo, lo que había sido testimonial alcanzara la categoría de “demanda social” y terminara siendo ley.

El poder del presupuesto

Este proceso de generación de demandas sociales sería pronto perfeccionado mediante la descentralización. En vez de una fundación o asociación, que en un momento dado podía alcanzar demasiada relevancia y condicionar al propio partido que la había ayudado a crecer, se avanzaría hacia estructuras en red, con múltiples agrupaciones subvencionadas, de menor tamaño, pero gran número, más fácilmente comprables. Incluso se establecerían infinidad de subvenciones a título individual, especialmente en los entornos académicos y educativos, donde se adjudicarían discrecionalmente pequeñas recompensas económicas, y de otro tipo, a quienes, mediante estudios, conferencias, trabajos o másteres ad hoc, contribuyeran a propagar las “verdades oficiales” del partido de turno. De esta forma, se generarían fuertes incentivos para proporcionar soporte académico a las “iniciativas correctas”, mientras que los estudios que pudieran cuestionarlas tenderían a ser marginales.

El último eslabón de la cadena de este proceso de institucionalización de las demandas sociales sería la propaganda masiva. Para ello se buscaría la cooperación de los medios de información, que recibirían su oportuna compensación: las campañas de publicidad institucionales. Así, si un medio de información quería participar del festín presupuestario, debía primar los contenidos “correctos” y suprimir los “incorrectos”.  

De esta forma, los partidos, que habían sido concebidos fuertes para ayudar a garantizar la transición pacífica de la dictadura a la democracia, terminaron usurpando el papel de la sociedad civil, enrbolando en su nombre supuestas demandas sociales. Unas demandas que los partidos utilizarían para marcar la agenda política y establecer falsas convenciones que justificaran la redacción de determinadas leyes. Leyes que, a su vez, legitimarían la creación de nuevas estructuras administrativas con una dotación presupuestaria siempre creciente.

El “feminismo institucional”

El feminismo que hoy en día padecemos es producto de este proceso de institucionalización de las demandas sociales. Poco o nada tiene que ver con el viejo feminismo de carácter civil o liberal. Su carácter netamente institucional significa ni más ni menos que la inversión del orden lógico de la acción civil. No es la sociedad la que, mediante la asociación espontánea de los sujetos, presiona al Poder para que subsane una determinada injusticia, como sería la supuesta desigualdad entre hombres y mujeres, sino que es el Poder, encarnado en los partidos, el que se moviliza contra la sociedad, acusándola de imponer reglas injustas. En definitiva, es como si la leyenda del Bosque de Sherwood fuera escrita al revés, y Robin Hood fuera el malvado y el alguacil de Nottingham, el bienhechor.

La falsa huelga del 8M

Lo cierto es que España se encuentra entre los cinco mejores países del mundo para nacer mujer. Y en lo que se refiere a igualdad entre sexos, está en el grupo de cabeza de Europa en todos los indicadores, incluida la participación de las mujeres en la política, donde estamos por delante de Suecia.

España es, además, uno de los países con menor tasa de feminicidios del mundo, muy por debajo de los países nórdicos, supuestamente más avanzados en esta materia. Y lo que es muy significativo, esta tasa se mantiene constante desde hace décadas a pesar de los miles de millones de euros gastados para luchar contra esa “lacra de violencia de género” que, al decir de los partidos políticos y los grupos de interés, asuela España.

En general, España es uno de los países menos violentos que existen, con una tasa de homicidios voluntarios de 0,7 por cada 100.000, habitantes, muy lejos de la media mundial, que asciende a 5,3. Sólo Irlanda, Holanda, Austria, Singapur y Liechtenstein tienen una tasa menor. Y este hecho tiene su reflejo en la seguridad y calidad de vida de todos, de hombres y mujeres.

Sin embargo, para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se ha convocado una huelga feminista para denunciar el infierno machista español. Una convocatoria no solo delirante, a la vista de los datos, sino francamente sospechosa por dos razones evidentes. La primera, que se trata de una huelga convocada desde las instituciones, es decir, desde el poder político (esto es antológico). Y la segunda, que, con más o menos matices, la secundarán todos los partidos, a excepción del partido Vox (bien por Vox). Dos indicadores que no hacen sino ratificar la hipótesis de que, en efecto, en España, la sociedad no pinta nada. Todo lo más, es la víctima propiciatoria de unos partidos demasiado poderosos y sus grupos de interés subvencionados.