Feminismo como punta de lanza de la corrupción moral

El yihadismo feminista, alentado y financiado desde el poder mediante la legislación y protegido y multiplicado por los medios, no se desvía sin embargo un ápice de la línea oficial.

Al igual que ocurrió hace un año con el caso de Diana Quer, el asesinato de Laura Luelmo ha devuelto a primera línea el debate sobre el machismo como mal endémico de la sociedad española. De poco sirve que la realidad sea tozuda, puesto que con una de las tasas de feminicidios más baja de toda Europa, casi la mitad que la media europea y cuatro veces inferior a la que se da en sociedades frecuentemente puestas como modelo por la socialdemocracia, como Finlandia o Austria, España está muy lejos de tener un problema de criminalidad con base machista. De hecho, la reincidencia en el delito apunta más bien a un problema de psicópatas en libertad. Y es que, al igual que el asesino de Laura había estado ya en prisión por matar a otra mujer, el gran trabajo de las fuerzas policiales en el caso de Diana Quer solo dio sus frutos porque el asesino cometió un error, el de volver a intentarlo.

PUBLICIDAD

El yihadismo feminista, alentado y financiado desde el poder mediante la legislación y protegido y multiplicado por los medios, no se desvía sin embargo un ápice de la línea oficial. Por eso ni ante la evidencia son capaces de defender algo tan de sentido común como la prisión permanente revisable para estos psicópatas, una figura legal que bien podría haber salvado la vida de Laura. El objetivo de este feminismo militante es culpabilizar al hombre por el mero hecho de serlo, creando una guerra ficticia entre géneros, aún a costa de disculpar al asesino bajo el pretexto de que es un modelo social arcaico, heteropatriarcal, sea lo que sea que eso significa, y criminal el que le ha hecho ser así. Es tan hilarante y demencial el argumento que no merecería siquiera un comentario. Sin embargo, merece una profunda reflexión dado que este feminismo militante ni es único ni ingenuo, sino un elemento más de una gigantesca maquinaria para la fragmentación y la compartimentación social con un único objetivo, el poder.

Y es que, como casi siempre, tras las decisiones políticas y las ingenierías sociales que pretenden crear problemas artificiales, no se esconde nada más que el control del poder. Hace tiempo ya que los partidos políticos, casi en su totalidad, han dejado de ser órganos de servicio público para convertirse en máquinas de ganar elecciones. De la política como medio para la administración de unos bienes comunes en un marco de realidad determinada, se ha pasado a la política como mera gestión del conflicto permanente. Evidentemente, tal concepción implica como condición básica para la supervivencia del sistema que haya conflicto. Y es por eso que, si no los hay, se crean. Obligados por esa necesidad de mantener el poder y dada la poca capacidad intelectual y nulo carisma de sus líderes, la volatilidad del votante exige bajo este prisma hacer saltar por los aires uno de los conceptos esenciales de la democracia liberal, el de ciudadanía, bajo el cual todos los individuos de una sociedad son iguales en derechos y obligaciones precisamente por verse amparados bajo ese plano, el del ciudadano, que respeta toda diversidad a partir de tres derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. El problema de la libertad de conciencia es que es mucho más difícil anticipar el comportamiento de seres individuales heterogéneos que el de grupos homogeneizados por la masa.  Es por ello que la política como gestión del conflicto permanente diluye el concepto ciudadano en múltiples grupos de presión social, generando una organización muy similar al de las curias romanas pero con dos diferencias elementales: en lugar de organizarse por riqueza, se organizan por lo que se es, y no existe la capacidad de disentir dentro del grupo, sino que se exige absoluta y militante adhesión, dado que lo que se es se pone al servicio de un fin político determinado.

Unos grupos se organizan según género o categoría social, como las feministas, los inmigrantes, los refugiados, los homosexuales, los estudiantes, los jóvenes, los pensionistas, los docentes y así en una larga lista que no tiene fin. Y otros con clara base étnica o racista, como vemos en algunas regiones españolas como Baleares, Valencia o Cataluña donde se distingue a los catalanohablantes de los que no lo son. Pero todos ellos, grupos que para generar servidumbre e incondicionalidad otorgan derechos especiales a quienes se integran en ellos. Con el fin de corregir supuestas injusticias, se generan injusticias todavía mayores y estas indudablemente reales, creando privilegios asignados que dan lugar a absurdos legales y sociales. Es la discriminación positiva, la más antidemocrática, injusta y mal definida de todas las discriminaciones, puesto que una discriminación, por concepto de base, nunca puede ser positiva. De esta manera no solo se relativizan los problemas políticos hasta reducirlos a absurdos dilemas generalmente falsos, como pasa con el machismo, que convierte en bueno el alineamiento con el grupo y en el demonio al disidente, sino que también se otorgan derechos que desaparecen en su totalidad en caso de pretender mantenerse como simple ciudadano. Una discriminación positiva que no es más que una fábrica de parias sociales gestionada por ONGs y entidades afines que parasitan alrededor del poder, reflejando en actuaciones concretas los procesos legislativos que el poder político impulsa a tal efecto y canalizando el dinero recibido desde las administraciones a cambio de adhesión incondicional.

El peligro es evidente. Homogeneizar y compartimentar la sociedad en grupos cerrados no es gratis ni en términos económicos ni en términos sociales. Corrompe la moral, ofrece soluciones erróneas, puesto que los problemas no se identifican según su causa real sino según la causa que sirve al fin político, fomenta antagonismos sociales que fragmentan la convivencia, y además institucionaliza el desfalco y la corrupción. Supone un implacable método para generar servidumbre y liquidar la evolución, puesto que el disidente es aplastado y expulsado, negándole el derecho a ser escuchado. La meritocracia, por tanto, deja paso a una checa ideológica donde lo importante no es lo que haces o tus habilidades individuales, sino lo que piensas. Y, por supuesto, es profundamente antidemocrático, porque subyuga los derechos individuales al libre albedrío de la masa. De todo ello ya empezamos a ver sus devastadores efectos en la sociedad, infectada cada día más por el virus de la equidad y del relativismo, tras lustros dirigidos por un aparato de ingeniería social del que es casi imposible abstraerse al ser fomentado por todos los grupos políticos a izquierda y derecha. Y es por ello que la irrupción de partidos nuevos como VOX son un soplo de aire fresco que hacen creer que estamos a tiempo de revertir esta deriva, porque proponen romper ese consenso basando su acción en la transversalidad y no en la compra de adhesiones fomentando la diferencia. Ojalá en Andalucía puedan empezar a notarse sus primeros efectos.